De todos los pretextos para rechazar los más de 60 recursos presentados contra el indulto de los golpistas del proceso separatista catalán, el más sorprendente por grosero es el elegido por la sala tercera del Tribunal Supremo, que ha archivado todas las reclamaciones por "la falta de legitimación" de las entidades que las han presentado.
Los recursos contra los indultos más infamantes de la historia de nuestra democracia han sido presentados, entre otros, por partidos políticos, diputados del parlamento catalán y entidades cívicas de todo tipo, perfectamente legitimadas para reclamar la aplicación del Estado de Derecho cuando el Gobierno lo socava con decisiones jurídicas que solo obedecen a sus compromisos políticos para mantener el poder. Si los partidos políticos y el resto de entidades recurrentes no están facultados para recurrir una decisión de la gravedad de los indultos a los autores de un intento de Golpe de Estado, es evidente que para el Tribunal Supremo las decisiones del Gobierno son intocables, lo que supone un gravísimo precedente que deteriora nuestra democracia y la acerca aún más a los regímenes izquierdistas que han acabado en sus países con el Estado de Derecho.
Cabe preguntarse, igualmente, por qué un asunto de tanta trascendencia no ha sido examinado por el pleno del alto tribunal en lugar de una sala de lo Contencioso-Administrativo, cuya ecuanimidad ya había quedado en entredicho tras rechazar los recursos contra el nombramiento de la ex ministra socialista Dolores Delgado como Fiscal General del Estado aduciendo, precisamente, falta de legitimación de PP y VOX, los dos partidos políticos nacionales que recurrieron la designación.
Estamos, por tanto, ante el blindaje judicial del Gobierno socialcomunista para dar carta de naturaleza a sus tropelías sin que quepa siquiera la opción del recurso. Es lo que ha ocurrido con los recursos contra los indultos del procés, una medida de gracia que, recordemos, fue rechazada con absoluta firmeza por la fiscalía y el Tribunal Supremo porque, entre otros argumentos igual de contundentes, eso supondría deslegitimar con malas artes una sentencia para beneficiar a dirigentes políticos dispuestos a dar un nuevo Golpe de Estado a poco que tengan ocasión.