La ministra de cuota marital que lleva el tema de Igualdad ha anunciado una inversión sin precedentes en la materia objeto de su departamento, que superará los 20.000 millones de euros de aquí a 2025. La cifra es un escándalo que debería concitar oleadas de protestas en las calles en unos momentos en los que la economía se desploma, los precios suben, los ingresos bajan y la gente de abajo está sufriendo una pobreza energética que multiplica por diez la que presuntamente padecía cuando mandaba la derechona. Pero hace bien la gente quedándose en sus casas y despachando la ocurrencia de la Montero como una chorrada más de las que nos brindan los podemitas cuando se ponen grandilocuentes, porque lo que dice la ministra, sencillamente, no es verdad.
A Irene Montero le encantaría disponer de esa fortuna para redistribuirla según le ordene Pablo Iglesias, pero no podrá hacerlo ni ahora ni en 2025 porque, en realidad, todo es un artificio de ingeniería contable en las cuentas públicas, materia en la que los socialistas son una autoridad mundial.
La trampa aquí, como siempre, está en decidir cómo se cuantifica la inversión en igualdad y con qué criterios se van a contabilizar los recursos destinados a esta área de la acción política. Solo hay que examinar con cierto detalle las cuentas de cualquier administración pública, sea del signo político que sea, para ver la manera tan imaginativa que utilizan los políticos para mentirnos en estos asuntos.
Un ejemplo. Digamos que el Ministerio de Fomento adjudica una autovía por 100 millones de euros. En los pliegos de cláusulas de la licitación se incluye la obligación de que la empresa adjudicataria ponga en marcha planes de igualdad entre sus empleados, implante un protocolo contra el acoso sexual y se comprometa a incrementar el porcentaje de mujeres en los puestos de dirección. Ya tienen ahí una inversión de 100 millones en igualdad. Y así con todas las acciones de gobierno que lleven incorporada de forma transversal alguna acción relacionada con el igualitarismo o la discriminación positiva, un tema en el que no hay distinción entre PSOE y PP, porque los dos partidos incorporan a sus métodos de gestión presupuestaria la misma estrategia contable allá donde gobiernan.
Y, en realidad, hacen bien, porque las instituciones europeas exigen este tipo de peajes absurdos para soltar el dinero, aunque en Europa saben perfectamente que todo es una trampa, como cuando algún político afirma que ha invertido un dineral en ayuda a las mujeres maltratadas y resulta que la mayor parte de los fondos ha ido a financiar los chiringuitos ultrafeministas de la charocracia.
Irene Montero puede decir misa (con perdón), pero no va a gastarse 20.319 millones en "políticas feministas transversales". Miente y probablemente no sepa que está mintiendo, porque su papel, como el del resto de ministras de cuota podemita, es hacer y decir lo que les ordene Pablo Iglesias. Esa es la única transversalidad.