El quinto aniversario de los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils, que se saldaron con 16 víctimas mortales y cientos de heridos, ha expuesto de manera descarnada la bajeza moral y la crueldad del separatismo, capaz de las insidias más brutales con tal de culpar al CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional, a España en general, de unos ataques autoría de una célula islamista formada en la localidad gerundense de Ripoll por unos jóvenes que supuestamente estaban perfectamente integrados en el sistema social y cultural del catalanismo. Unos chicos que hablaban perfectamente catalán, según atestiguaban y atestiguan vecinos, amigos y autoridades locales y regionales.
La actuación de los Mozos fue muy cuestionable, toda vez que los atentados vinieron precedidos de una explosión en un chalet de Alcanar, en Tarragona, que el imán de Ripoll y sus jóvenes discípulos utilizaban para preparar un atentado contra la basílica de la Sagrada Familia. A pesar de los indicios de que aquello podía ser la escena de un accidente terrorista en la manipulación de explosivos, los Mozos rechazaron las advertencias de una juez. "No exagere, señoría", le llegaron a decir los Mozos a la magistrada, no sin antes apartar a codazos a la Guardia Civil de la investigación del extraño pero indiciario incidente.
La sociedad catalana estaba sometida a la feroz presión del gobierno regional golpista y del separatismo, que habían fijado el 1 de octubre de aquel infausto 2017 como el momento fundacional de la república catalana. En ese contexto, la Generalidad trató de convertir los ataques terroristas en una justificación del golpe de Estado mientras sus prebostes glosaban las excelencias de los Mozos, a pesar de fallos como el de la interpretación del escenario de Alcanar o la ignorancia absoluta respecto a la radicalización de unos jóvenes de origen marroquí en el corazón de eso que llaman la Cataluña catalana.
La operación jaula tras el atentado de las Ramblas fue un fracaso. El asesino de la furgoneta logró escapar tras superar un control de los Mozos. A su lado, en el asiento del copiloto, el joven propietario del coche robado, acuchillado por el terrorista. Y a mayor abundamiento, los agentes que lograron liquidar a varios componentes del grupo terrorista en Cambrils han acabado fuera del cuerpo, hastiados y angustiados por la ausencia de apoyo a todos los niveles de los Mozos y de la Generalidad.
A pesar de la catastrófica gestión de los atentados, la Generalidad presentó al jefe de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, como un auténtico héroe. Necesitaban de su complicidad para perpetrar el golpe de Estado con la connivencia y colaboración de la policía regional. Aclarado hasta por el antedicho Trapero que la actuación del CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional fue impecable, el separatismo encabezado por personajes como el prófugo Puigdemont y la procesada por corrupción Laura Borràs, insiste en las teorías que culpan al Estado, por activa o pasiva, de los atentados. Pero ERC también está en esas tesis, tal vez no de manera tras rastrera como sus socios de JxCat pero igual de abominable. Los Mozos dependen ahora de ERC, que no ha dudado en mandar a los actuales jefes del cuerpo a contrarrestar la declaraciones de Trapero con dudas sobre la relación del imán Es Satty con el Estado Islámico, como un presunto indicio más de que el jefe de la célula obedecía los dictados de la inteligencia nacional.
Todas esas teorías surgieron horas después de los atentados para tapar la incompetencia de los Mozos y persiguen que parte de la sociedad catalana interiorice y asuma sus infundadas presunciones sobre el conocimiento previo del Estado de los atentados para provocar un segundo octubre separatista. A eso hay que añadir el miserable comportamiento de la expresidenta del parlamento autonómico catalán, Laura Borràs, jaleando a quienes reventaron el homenaje institucional a las víctimas acaecido este pasado miércoles en Barcelona, sujetos que llegaron a espetar a familiares de víctimas mortales del atropello en las Ramblas que ellos, en tanto que catalanes, también son víctimas del terrorismo. Sí, así se consideran, víctimas de un sistema judicial que les señala por independentistas, no por golpistas y corruptos.
Al drama hay que añadir el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se constató con la purga de la directora del CNI, Paz Esteban, y el repliegue del CNI en Cataluña y el País Vasco tras las falsas denuncias sobre un supuesto espionaje de unos pocos líderes separatistas cuando asaltaron el aeropuerto de Barcelona e incendiaron la ciudad en respuesta a la blanda sentencia del Tribunal Supremo impuesta a algunos de los golpistas por la asonada de otoño de 2017.
Lo ocurrido en el homenaje a las víctimas de los atentados islamistas en Cataluña (con muchas frases en árabe pero ninguna en inglés, el idioma de muchas de las víctimas) prueba la degradación social y de la democracia en Cataluña con la colaboración del Gobierno, capaz de permitir que se ponga en duda el papel de las instituciones e instrumentos del Estado en unos atentados que interpelan directamente al separatismo.