Así como en los años ochenta, el "Nunca Más" del fiscal Strassera contra las juntas militares responsables de delitos de lesa humanidad fue la piedra fundacional de la democracia argentina, la mayor parte de nuestra población espera hoy que el vibrante alegato del fiscal Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner se transforme en el punto de partida de una verdadera República. Desde aquel célebre juicio las Juntas del cual el peronismo no quiso participar, los argentinos vivimos en una democracia sin República. Un país en el que se respeta el principio democrático de la elección de los gobernantes pero se ignora el principio republicano de limitación del poder obtenido. Un país en el que la división de poderes, la independencia de la Justicia, las libertades individuales y el Estado de derecho son una mera expresión de nobles aspiraciones. Un país en el que la ausencia de ley y la debilidad de las instituciones son la causa fundamental del desbarajuste socioeconómico. Un país en el cual el juicio por asociación ilícita contra Cristina Kirchner abre la posibilidad de transformarlo, finalmente, en lo que nunca llegó a ser: un territorio razonable donde inocencias y culpabilidades se dirimen en los tribunales -y no en las urnas ni en las calles- y en el que los corruptos van presos cualquiera sea el lugar que ocupen en la jerarquía de poder.
Esta historia, la de Cristina Kirchner acusada de corrupción, comenzó en el año 2008, cuando la doctora Carrió, acompañada por diez diputados que hoy formamos parte de Juntos por el Cambio, denunciamos penalmente a su gobierno como asociación ilícita; la manera que el Código Penal Argentino ha encontrado para referirse a la mafia. En aquella denuncia figuraban ya todos los acusados de este juicio: no solo Cristina, sino su todopoderoso ministro Julio De Vido, su testaferro Lázaro Báez, y sus operadores, como José López, quien se hizo famoso cuando una cámara oculta lo captó entregando una metralleta y un bolso con nueve millones de dólares a las religiosas de un convento.
Pasaron 14 años, y hoy se llega finalmente a un juicio oral contra la vicepresidente de la nación en ejercicio en el que las pruebas de corrupción resultan ser abrumadoras. Durante una semana entera, los argentinos asistimos a la exposición minuciosa y detallada de los fiscales Luciani y Mola, que pusieron al desnudo el mecanismo de asignaciones amañadas, sobreprecios siderales y obras incumplidas que permitió a los Kirchner apropiarse de casi mil millones de dólares. Luciani realizó, además, una afirmación contundente: la de la existencia de un Estado paralelo que replicaba en las sombras la estructura del gobierno y se dedicaba a la extracción de recursos del erario público.
¿Qué respondió la vicepresidente? Como de costumbre, la defensa de Cristina no contempló lo más elemental de cualquier proceso judicial: la objeción de las pruebas presentadas por la acusación, el reclamo de la propia inocencia y una explicación coherente sobre cómo fue que Lázaro Báez, un simple empleado bancario en el momento en el que los Kirchner llegaron al poder, creó una empresa durante las primeras semanas de ese gobierno (2003), se dedicó sorpresivamente a la construcción de la obra pública y cesó sus operaciones meses después de terminada la gestión K (2016), llevándose en el camino el 80% de los fondos para la obra pública y transformándose en multimillonario propietario de una colección de 972 vehículos y de 415.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz (aproximadamente, veinte veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires).
¿Cómo fue posible? ¿De dónde proviene la apabullante fortuna que acumularon los Kirchner (cinco millones de dólares fueron encontrados inexplicablemente en la caja de seguridad de la hija menor, de 26 años y sin experiencia laboral ninguna, en un allanamiento)? ¿Cómo lo lograron sin haber sido nunca otra cosa que funcionarios del Estado? De nada de esto habla la defensa de Cristina, quien se escuda en una supuesta conspiración mediático-judicial organizada por el ex presidente Macri y en un supuesto intento de proscripción de su persona.
Lamentablemente, casi todas las autoridades judiciales argentinas -incluido Luciani- fueron designadas por gobiernos de su propio partido. Lamentablemente, según su propia declaración, la mayor concesión a Clarín -el mayor conglomerado mediático argentino- la hizo su propio esposo, Néstor Kirchner cuando aprobó la fusión de los dos principales medios de comunicación televisivos argentinos. Lamentablemente, también, el argumento de la prescripción no subsiste ya que -considerando los tiempos de los procesos judiciales- Cristina no tendrá ningún obstáculo para presentarse como candidata en las elecciones de 2023.
Pero la defensa de la señora Kirchner no pretende demostrar su inocencia sino posicionarla políticamente para mantener algo del enorme poder del que alguna vez dispuso y desde el cual intenta defenderse. Mientras Hebe de Bonafini llama a "puebladas" para liberarla, ella se escuda en un supuesto ataque a los miembros de gobiernos populares y de izquierda, ignorando que durante este siglo han sido más los gobernantes de Derecha condenados por los tribunales (Menem, Sánchez de Lozada, Añez, Temer, Uribe, Noboa, Fujimori, Kuczinski, Bordaberry) y que también existen muchos presidentes de Izquierda -como Lagos, Bachelet, Tabaré Vázquez y Mujica- que nunca han sido acusados de corrupción, probablemente, porque no han robado como Cristina.
Sostiene Cristina, además, que este juicio es aparentemente contra su persona pero en realidad esconde un juicio al peronismo; y un poco de razón, tiene. En efecto, cada vez que el movimiento fundado por Perón se hizo del poder la Argentina dio un paso cualitativo hacia la corrupción. Así sucedió en los Noventa con Menem, de quien los propios Néstor y Cristina Kirchner fueron cómplices como gobernador y parlamentaria, y así fue en un grado cualitativamente superior durante el ventenio K, motivo por el cual hoy Cristina está sentada frente a los jueces. Basta examinar la lista de los presidentes argentinos no peronistas (Frondizi, Illia, Alfonsín, De la Rúa, Macri) para verificar que ninguno de ellos se enriqueció en la función pública, de la que salieron tan ricos o tan pobres como habían entrado. Y basta enumerar los nombres de los presidentes justicialistas -Perón, Menem, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner- para comprender que la corrupción política argentina lleva el sello del peronismo.
El actual gobierno argentino llegó al poder en 2019 prometiendo una rápida mejora económica, pero su verdadera agenda era la de la impunidad. Transcurridos tres años, no solo han hecho un manejo escandalosamente ineficaz de la pandemia, con cifras récord en muertos per cápita y caída del PBI, sino que han empeorado todos los índices económicos y sociales que había prometido mejorar sin despeinarse. Ahora, si Cristina es condenada como parece inevitable, habrán fracasado también en su principal objetivo. En cuanto al país, a la actual crisis económica, que amenaza ser aún mayor que la de 2001, se corresponde la incerteza política de un gobierno dividido del cual una de sus figuras centrales, la más importante, puede ser condenada en los próximos meses.
¿Será este el adiós a Cristina? Sería una mala noticia para ella pero una excelente novedad para un país que necesita con urgencia restablecer la confianza interna y externa. Interna, para que sus ciudadanos vuelvan a creer en la igualdad ante la ley. Externa, porque nadie con un mínimo de racionalidad puede invertir una sola moneda donde la corrupción rampante puede seguir siendo defendida desde un cargo público.