Tiene guasa que haya sido una ministra de este Gobierno, que además es magistrada de las consideradas progresistas, la que haya reclamado a Carlos Lesmes que cumpla la ley aunque no le guste. Tiene guasa porque son precisamente los juristas de izquierdas quienes con más ahínco defienden, aquí y en todo Occidente, que la ley ha de ser interpretada de forma flexible a la luz de las corrientes sociales. Naturalmente, sólo los progresistas aciertan cuando se alejan de la letra de la ley. Según ellos, los conservadores utilizan el pretexto de atenerse a ella para imponer sus retrógradas ideas a una sociedad que las detesta. Pensando así, la izquierda judicial ha venido recurriendo a lo que se llama "uso alternativo del derecho", que consiste en aplicar una norma de forma que produzca un resultado opuesto a aquél que la ley reclama. Un ejemplo es el matrimonio homosexual. El Tribunal Constitucional ha dicho que es conforme con la Constitución a pesar de que en ella está concebido como el derecho que tienen la mujer y el hombre a contraer matrimonio entre sí. Es muy probable que hoy la sociedad crea mayoritariamente que debe reconocerse el derecho de hombres y mujeres a casarse con personas de su mismo sexo. Pues que cambien la Constitución. La solución adoptada, que es fingir que la Constitución no dice lo que dice es la manera más flagrante de violarla.
Es por tanto el colmo que Margarita Robles exija el cumplimiento de la ley aunque no guste cuando ella y los de su cuerda son los primeros en estar constantemente buscando el modo de no cumplir las que les incomodan. Pero es que encima, en el caso en que Robles exige el cumplimiento de la ley al pie de la letra, no hay obligación legal real de atenerse al término impuesto al Consejo General del Poder Judicial para que elija a los magistrados del Constitucional. Los tres meses fijados lo son a contar desde la fecha en que el mandato de los anteriores magistrados caducó. Y ocurre que eso sucedió antes de que la ley entrara en vigor, con lo que parte del plazo ya había corrido cuando el BOE publicó la ley. Robles, como magistrada número uno de su promoción, no puede ignorar que no es ley la que establece una obligación que hay que cumplir en un plazo que ha empezado a correr antes de que la obligación haya nacido. Eso no pasa ni en la Venezuela de Maduro. Pero, por si eso no le basta, resulta que toda obligación que no tiene prevista ninguna sanción para el caso de incumplirse, como es el caso, no es verdadera y propiamente una obligación. De hecho lo más probable es que el Consejo la incumpla y no pasará nada. Así que Lesmes y los vocales díscolos no están incumpliendo ninguna ley. Si Margarita Robles quiere sermonear a alguien con lo de que hay que cumplir la ley aunque no guste, que le largue la plática a Cándido Conde-Pumpido, que está sentado en el Constitucional a la espera de que haya en él una mayoría de izquierdas para ciscarse, de la Constitución abajo, en todas.