Los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura de un Gobierno formado por socialistas y comunistas incluyen un aumento notable del gasto público en las partidas ayudas, subsidios y subvenciones. Me pinchan y no sangro.
Esto de acelerar la compra de votos en año electoral es una tradición que observan todos los partidos, pues la verdadera esencia de la democracia consiste fundamentalmente en ver quién soborna al mayor número de ciudadanos con derecho a voto para alcanzar el poder. El fenómeno alcanza su máxima intensidad en los años que toca acudir a las urnas, unos meses en los que la oferta corruptora de unos y otros se convierte en una auténtica competición por ver qué partido presenta las medidas más populistas. Ganan los partidos de izquierda, claro y, dentro de ese submundo, la extrema izquierda chavista, cuyo programa consiste única y exclusivamente en destruir la convivencia y fomentar la dependencia del Estado del mayor número de víctimas posible.
Pero la política democrática exige el encubrimiento de esta labor corruptora desde el ámbito público con una fachada virtuosa. Por eso los gobernantes utilizan eufemismos como "aumento del gasto social" o "apoyo a los sectores desfavorecidos", porque si dijeran directamente que ofrecen dinero y privilegios a cambio del voto la gente acabaría por darse cuenta de cuál es el sentido real de todas estas ofertas que unos y otros lanzan cuando se aproxima una cita con las urnas.
Lo más sorprendente es que los supuestos beneficiarios de toda esta operación elaborada para comprar votos creen que el dinero proviene del Gobierno, cuando lo cierto es que todo el presupuesto público sale, obviamente, del bolsillo de los presuntos beneficiarios de tanta generosidad.
En la situación actual de España, el Gobierno socialcomunista aumenta la presión fiscal hasta límites confiscatorios a pesar de estar atravesando una crisis devastadora, con unos precios de la energía disparados y una inflación desbocada que va a subir todavía más. Ahora, ese mismo Gobierno dice que destinará una parte de toda esa ingente cantidad de recursos expoliados a la clase media y trabajadora para crear nuevos subsidios y aumentar un poco los ya existentes y presenta a los ciudadanos esta estafa monumental como un acto de generosidad, fruto de su preocupación por los más necesitados.
Se echa en falta que la oposición denunciara esta burda propaganda a costa del bolsillo destrozado de todos los españoles, pero como el PP hace lo mismo en las comunidades y ayuntamientos en que gobierna, su acusación sería un acto de pura hipocresía.
Los únicos que actúan en este asunto sin careta son los separatistas. Allá donde gobiernan son los campeones en la compra de votos, con el añadido de que, estando Sánchez en La Moncloa, saben perfectamente que van a obtener, no solo más recursos públicos que las regiones leales, sino otra serie de privilegios como una carta blanca para erradicar definitivamente el español de sus territorios o sacar de la cárcel a los asesinos etarras. ERC y Bildu ya han puesto precio a su apoyo a estos presupuestos socialcomunistas. No es precisamente bajo. Pero es que están seguros de que Sánchez ni siquiera va a regatear.