La visita del líder del principal partido de la oposición a La Moncloa fue absolutamente inoportuna. Y lo fue porque, quizá sin saberlo, se hizo cómplice en el continuo manoseo del Gobierno en cuestiones que, jurídicamente, le están vedadas. Me explico: la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (reforma socialista de 1985 mediante) atribuyen a las Cortes Generales, en exclusiva, el nombramiento de los vocales del CGPJ y, por tanto, cualquier negociación a este respecto debe producirse en el ámbito parlamentario. Se me podrá tachar de formalista, pero no estamos ante meras cuestiones rituales sin transcendencia, sino que nos encontramos ante una flagrante injerencia de un poder del Estado sobre otro, esto es, del Ejecutivo sobre el Legislativo. En este sentido, ya el hecho de que el Presidente del Gobierno encargara públicamente a su Ministro de Presidencia la negociación sobre la eventual renovación del CGPJ es de una gravedad solo comparable con su aceptación por el Partido Popular. Pero claro, el PP ha designado, también públicamente, para dicha negociación a un eurodiputado que, por razón del cargo que ostenta, nada debería decir sobre la cuestión. Otra cosa sería que, en tanto dirigentes orgánicos del partido, participasen y se mantuvieran informados sobre lo que ocurre en sus respectivos grupos parlamentarios, que debieran ser los principales protagonistas de la historia.
En esta desgraciada serie de acontecimientos, el presidente del PP acaba de afirmar que le parece válido un pacto consistente en nombrar a los nuevos vocales conforme al procedimiento actual para luego encargarles un hipotético informe sobre la eventual modificación del procedimiento de elección de los vocales del CGPJ (de extracción judicial, quiero entender). Reconozco que estas declaraciones me producen sensaciones próximas al llanto, pues está claro que tendremos que aguantar un nuevo CGPJ, durante cinco, siete o diez años, politizado hasta la médula y al servicio de esos políticos que les nombraron. ¿Para eso hemos llegado hasta aquí en un momento crítico de la legislatura? Sinceramente, no lo entiendo.
Quizá debiéramos preguntarnos por qué el Partido Popular está a punto de pegarse un tiro en el pie, desde el punto de vista electoral, y de pegárnoslo a todos los españoles, que estamos hartos de que los políticos (de uno y otro lado) manoseen sin ningún pudor el CGPJ. En primer lugar, creo que al PP, a un año de las elecciones generales (con autonómicas y municipales a pocos meses) y con todas las encuestas dándole como favorito, no le interesa pactar nada con partidos que forman parte de un Gobierno que, desde el primer minuto de existencia, se ha dedicado a volar por los aires los mandatos y consensos constitucionales. Por todos son conocidos los ejemplos. Pues bien, ¿a qué viene ahora este repliegue del PP? ¿Acepta lecciones de un PSOE genuflexo ante los enemigos de nuestro régimen de libertades? En mi opinión, no puede haber otra explicación que la ingenuidad de sus máximos dirigentes, así como la mala influencia ejercida por algunos magistrados que, actuando como pretendidos asesores políticos, se ven en el cargo de consejero del nuevo CGPJ desde hace cuatro años. El problema fundamental es que los primeros, es decir, los máximos dirigentes del PP, quedarán retratados igual que sus antecesores como responsables de un pacto ignominioso que ahondará en la erosión de nuestras instituciones. Mientras tanto, vaticino que a los segundos poco les durará el chollo, pues el nombramiento de los nuevos vocales de extracción judicial conforme al procedimiento iniciado en 2018 será declarado nulo ya que, entre otros motivos, atenta contra la igualdad de los jueces que han accedido a la carrera durante estos cuatro años y que se ven privados de su derecho al sufragio pasivo para postularse como vocales del nuevo CGPJ. La más que probable anulación de estos nombramientos dejará en clara evidencia a sus muñidores.
No quiero terminar estas líneas sin reconocer que, en relación con el CGPJ, el PP ha aguantado cuatro años los chantajes gubernamentales y, por tanto, la única opción ahora viable es que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se retorne al espíritu constitucional en el nombramiento de los doce vocales del CGPJ de extracción judicial, a saber: por y entre los jueces y magistrados. Esto es lo que nos pide la Comisión de Venecia y la Unión Europea y debe ocurrir necesariamente antes de plantear cualquier renovación. Lo contrario no será mantenerse igual, sino ir a mucho peor.