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Daniel Rodríguez Herrera

Pedro Sánchez saca a los violadores a la calle

La culpa de que esto suceda no es de ningún juez. Es de todos y cada uno de los más de 200 diputados que votaron a favor de la ley en el Congreso.

La culpa de que esto suceda no es de ningún juez. Es de todos y cada uno de los más de 200 diputados que votaron a favor de la ley en el Congreso.
Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero durante el acto institucional con motivo del 8-M. | EFE

Todas las leyes que han salido del Ministerio de Igualdad son una aberración misándrica que debería ser abolida en su integridad cuando en el Parlamento haya una mayoría de personas decentes. No reformada, no. Abolida. Una ley que declare extinguidas todas las normas dictadas por la extrema izquierda y restablezca el statu quo legal anterior a su llegada al Gobierno, cuando las madres que secuestraban a sus hijos para impedir que sus padres tuvieran contacto con ellos no eran madres protectoras sino criminales, cuando el padre de Olivia aún podía verla y hasta ganar su custodia frente a la madre asesina.

Lo próximo que tienen planeado es prohibir el tratamiento psicológico a cualquier que se declare trans, facilitando las mutilaciones de adolescentes y la castración química a los niños. Pero esa es una ley que aún no está aprobada, al contrario que la famosa ley del sí es sí, impulsada a raíz del caso de la Manada. El principal cambio, pese al nombre de la ley, fue la eliminación de la diferencia entre abuso y agresión sexual, con el correspondiente cambio en las penas de lo que antes eran distintos delitos y ahora no. Y hete aquí que, al reducirse en muchos casos concretos la horquilla entre la pena mínima y la máxima respecto a la anterior redacción, esa ley retrógrada y decimonónica que hicieron los socialistas en 1995, muchos abogados, cumpliendo con su obligación para con sus clientes, pidieron una reducción de las condenas a sus clientes. Sólo en Madrid se han pedido más de un centenar de revisiones. Y es ahora cuando empiezan a salir a la opinión pública las resoluciones de los jueces rebajando las penas.

Según Irene Montero y su cuchipandi neoyorquina, si alguien había sido condenado y le habían caído penas que entraban dentro del rango definido en la nueva ley, no cabría revisión. Es lo que pasa cuando quien te pasa los apuntes de Derecho en clase es Victoria Rossell, que tienes garantizado que estarán mal. Eso sucede sólo si se ha incluido una disposición transitoria que así lo dicte en la nueva ley, que por algún motivo ninguno de los partidos que la votaron a favor, desde Unidas Podemos a Ciudadanos pasando por el PSOE y el nacionalismo, pensaron en incorporar. Y aún con esas seguiría habiendo casos en los que se rebajaran las penas igualmente.

La reacción ha sido dispar en el Gobierno. El PSOE ha reconocido el error y ha prometido enmendarlo, olvidando que siempre se aplica la norma más favorable al reo, por lo que siempre que esté cumpliendo condena ahora mismo se podrá acoger a la ley en vigor hoy por mucho que la cambien a posteriori. O sabiéndolo de sobra, pero optando por la propaganda. Especialmente llamativo es el caso de Patxi Nadie asegurando en La Secta que si cambian la ley incluso aquellos que hayan salido ya de la cárcel gracias a la revisión de su pena volverían a entrar, obviando la Constitución, el Código Penal y toda la historia del Derecho. Mientras, la extrema izquierda ha optado por denunciar la falta de "perspectiva de género" de los jueces que están aplicando su ley. Es decir, denunciando que se aplique conforme a derecho, en lugar de hacerlo buscando perjudicar siempre a los hombres por el hecho de serlo, que eso y no otra cosa es la tan cacareada perspectiva de género, un concepto discriminatorio y sexista muy propio de este Reich feminista.

El caso más flagrante de los que hemos tenido noticia hasta ahora es el de un profesor que tras abusar sexualmente de alumnos de su instituto va a salir a la calle. La culpa de que esto suceda no es de ningún juez. Es de Inés Arrimadas. Y de Pablo Echenique. Y de Gabriel Rufián. Y de Aitor Esteban. Y de Carmen Calvo. De todos y cada uno de los más de 200 diputados que votaron a favor en el Congreso. Y, por encima de todo, de Pedro Sánchez, que es el responsable de que el Ministerio de Igualdad siga ahí, dirigido por quien está dirigido, y ordenando al PSOE que vote a favor de las atrocidades legislativas que propone.

Esta ley se propuso con la excusa de la Manada. Y el abogado de la Manada es uno de los que ha pedido revisión de penas. Si tiene éxito, no creo que pueda haber un mejor resumen de qué es este Gobierno infame, sexista y golpista capaz de destruir cualquier cosa por aferrarse al sillón.

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