Digo otra, porque ya llevo anotadas buenos ejemplos de ellas –Ministerios, Direcciones Generales, Servicios a este o aquel colectivo…– cuya supresión aportaría a España un ahorro público que necesita, sin que significase merma en el bien común de los españoles, que es, o debe ser, el objetivo de cualquier gobierno legítimo.
Conviene denunciar la confusión de suponer que la legitimidad del gobierno viene dada por el modo de elección [los votos], cuando éste, como máximo, puede conferir una legitimación formal, mientras que la legitimación sustantiva, que es la que importa, sólo puede proceder de la forma efectiva de gobernar y de sus resultados.
España vive unos momentos, considerando sus dimensiones económicas, en los que se precisa una selección –con tijeras– que recorte todo aquello que es estéril, contraproducente para los fines establecidos, o distorsionador de los órdenes jurídico y económico.
Así las cosas, para quien maneje esas tijeras, y para cumplir esos propósitos –alivio financiero y credibilidad política– conviene que no olvide –yo ya lo he anotado– la institución pública, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, que se supone gestiona el crédito oficial; es decir, el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Se dice que su misión es complementaria a la del crédito privado, cuando éste, bien por restricción de recursos propios, bien por el carácter del crédito –fines y garantías de la propia operación– no sería normalmente asumible por el crédito privado. En otras palabras, el Crédito Oficial aceptaría las operaciones de crédito rechazadas por el crédito privado, si fueran de interés económico o social para la nación.
Pero ni los recursos financieros ni los humanos para su gestión son infinitos, por lo cual, dada la garantía que se le supone implícita como entidad pública estatal, su esquema inicial, se transformó en que el ICO avalaría las operaciones que determinase, para facilitar el crédito, que realmente se concedería por las instituciones privadas.
En ocasiones, el aval del ICO llegaba a ser del 80% del importe total del crédito, con lo que la duda de garantías suficientes para el crédito privado se reducía al 20%, capaz de cambiar en positiva, la decisión negativa inicial del Banco/Caja privados.
Pero, economía y estabilidad no siempre casan; a períodos de euforia siguen otros de depresión, cuando los más solventes pueden devenir morosos. Y ahí estamos ahora; el Banco de España estima que, por ahora, el volumen de crédito con dudas razonables de su buen fin estará en los 30.000 millones de euros.
Los conocedores del significado de un aval concluirán que no hay problema, pues el ICO responderá por la cantidad avalada y las instituciones privadas por el resto.
Pues, esto, clarísimo en el mundo entero, no lo es en España, y el ICO está regateando cuando no cabe regateo, coaccionando cuando no debe coaccionarse, si existiera un estado de derecho.
¿Inadmisible? Sí, pero Spain is different. Diferente, en Europa y fuera de ella.
¿Para qué un ICO que avala, siendo insolvente? Por ello, prescindible…