La izquierda es enemiga de la cárcel. Del estropicio causado por el gobierno socialista, que ha originado que salgan a la calle varios violadores antes de lo que marcaban sus condenas originales, el problema no está en un fallo de la ley respecto a la retroactividad que favorece a los condenados, sino en el principio ideológico que lleva a hacer leyes "no vindicativas y no punitivas". Es decir, para la izquierda el castigo nunca es justicia, siempre es una venganza. Y las penas han de ser las menores posibles. Para esta visión ingenua y utópica las prisiones deben parecerse más a escuelas y hoteles que a centros de aislamiento social y redención por el trabajo.
En lugar de atacar a los jueces, Pedro Sánchez e Irene Montero deberían mostrar su felicidad ante la salida de la cárcel de violadores, ya que la pena para estos baja con su ley de los seis a los cuatro años para los casos menos graves, y de doce a once o siete para los más graves. Los juristas progresistas insisten en que las leyes deben ser mejores pero no más duras, que es como eliminar el cero de las calificaciones escolares para no traumatizar a los alumnos: una mezcla de sofistería banal y demagogia resentida. Y se acogen a los principios expresados por Cesare Beccaria en Los delitos y las penas, la obra que en el siglo XVIII sentó los principios ilustrados y liberales que establecen que son las leyes y no los jueces los que dictan las penas, así como que las penas deben ser lo más leves posibles, ya que su misión no es tanto castigar como prevenir y disuadir. Pero que sean lo más leves posibles no implica que deben ser menores en todos los casos. Y respecto a violaciones más asesinatos, deben ser más duras que las que ya existen, bajando, por el contrario, en casos sin dolor o sangre, de los delitos fiscales a los relacionados con las drogas.
Beccaria se refería fundamentalmente a la pena de muerte y a la tortura. En una interpretación torticera, los penalistas progresistas consideran que el mal no existe, sino ignorancia con raíces sociales. De lo que se sigue que el criminal es, a su vez, víctima del sistema. Donde en Beccaria había humanismo, en la izquierda progresista hay buenismo: la peregrina, absurda y peligrosa idea de que no hay delincuentes sino descarriados buenos salvajes. Por lo que respecta a los violadores, defendió Irene Montero, "lo fundamental no es un código penal más duro".
Un siglo después, el modelo paradigmático de este buen salvaje descarriado víctima de la sociedad es Jean Valjean, el protagonista de Los miserables de Víctor Hugo, que es condenado a cinco años de prisión en condiciones de extrema violencia por robar pan para sus sobrinos hambrientos. Cuando finalmente es liberado le imponen un pasaporte amarillo que lo estigmatiza. Contra esta visión pesimista del ser humano, la Constitución de 1978 sostiene un principio realista: "la finalidad de la pena se basa en la adecuada reinserción social". Ahora bien, dicho principio realista no ha de interpretarse ingenuamente porque ¿qué nos garantiza que dicha reinserción es posible lograr en todos los casos? De ahí la necesidad de establecer la cadena perpetua (con carácter revisable) para los casos más graves, peligrosos e ininsertables. Irene Montero, por cierto, calificó de inhumano aplicar dicha cadena perpetua a violadores que fuesen, además, asesinos. No es de extrañar que se alegren en la extrema izquierda cada vez que un etarra sale de prisión.
El feminismo de izquierda está destrozando a las mujeres. Las leyes Montero, del "sí es sí" a la "trans", son un ataque a la seguridad, integridad y libertad de las mujeres. La clave, por tanto, no está en una enmienda a la ley que evite la retroactividad, sino en que se elimine la bajada de penas a los violadores, que suponen un peligro objetivo para las mujeres en particular y la sociedad en general. Las mujeres no tienen por qué soportar los delirios ideológicos de quien pretende implantar una culpabilidad colectiva en "constructos sectarios" como el "heteropatriarcado" o el "androcentrismo". Al contrario, hemos de poner el acento en la responsabilidad individual de aquellos que son libres para hacer el mal, por un lado, y en el derecho a la justicia de las víctimas y a la seguridad de todos, todas y, como diría esa criminal ideológica que es Irene Montero, todes.