La reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición junto a las negociaciones para rebajar la malversación no son una amnistía encubierta, sino una amnistía en toda regla. La demolición del Estado de Derecho se verificó en el Congreso de los Diputados con el alegre concurso de todos los diputados socialistas, comunistas, separatistas, golpistas y filoetarras, los socios de Pedro Sánchez en el ataque a las bases jurídicas de la integridad nacional.
Fue el primer paso de un plan mucho más vasto y ambicioso. Exonerar de toda culpa a quienes dieron un golpe de Estado pisoteando los derechos de más de la mitad de la población de Cataluña es grave, muy grave, pero poca cosa en comparación con lo que nos espera. El proyecto conjunto del PSOE y ERC tiene como objetivo celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Eso es lo que está sobre la llamada "mesa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalidad. Primero fueron los indultos a los golpistas presos. Ahora, el Código Penal reformado al gusto de los mismos golpistas. Y si el PSOE sigue en el Gobierno tras las próximas elecciones generales, se convocará el referéndum. Es lo que dicen los dirigentes de ERC y lo que ya casi ni niegan en el PSOE. La factura de esa coalición letal encabezada por socialistas y republicanos será abrir la puerta al fin de la unidad nacional.
Durante muchos meses, el partido del prófugo Puigdemont ridiculizó la "mesa de diálogo" por la aparente falta de resultados concretos, descontados los indultos. La supresión del delito de sedición ha dejado a la formación posconvergente sin discurso. ERC ha logrado ya la mitad de lo que se proponía cuando se sentó con Pedro Sánchez. Tras destruir la sentencia del Tribunal Supremo y triturar el Código Penal, rebajar la malversación es la siguiente pantalla. Pero que nadie tenga la más mínima duda de que toda esta infamia acabará con una votación sobre la unidad de España en la que sólo podrán votar los censados en Cataluña y cuyos resultados, si son favorables a los separatistas, serán vinculantes. En el caso contrario, se celebrarán todas las votaciones que haga falta hasta lograr la independencia. Y una vez celebrado el primer referéndum "legal" en Cataluña con el consentimiento del Gobierno, se desencadenará otro en el País Vasco.
Pero para que eso sea posible, es imprescindible desarmar el Estado de Derecho y anular la más mínima posibilidad de una reacción judicial que desbarate los próximos golpes. La intención del PSOE y ERC es conducir la política nacional por la vía sin retorno de la destrucción de España con consultas a medida de los separatistas. Ese es el plan de la "gran coalición" de los enemigos de la democracia, la libertad y la igualdad de los españoles.