La estrategia de la defensa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, es una huida hacia adelante de la que se desprende cada vez más apariencia de culpabilidad. El último episodio lo protagoniza la Fiscalía, a las órdenes de Pedro Sánchez (como él mismo advirtió de manera harto obscena) y al servicio de su señora. El último escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso Libertad Digital, es una muestra de la absoluta degradación del órgano en su defensa de la investigada y en la inédita e inaudita persecución del juez que instruye la causa que afecta a la señora de Sánchez.
Exigir el borrado y anulación de las pruebas obtenidas en los registros del domicilio y de la empresa de Carlos Barrabés es una pretensión que en ningún caso debería partir de la Fiscalía, erigida en todo momento en parapeto para entorpecer la investigación judicial y desmontar un sumario que incluye hechos que avalan cada vez con mayor precisión y contundencia las imputaciones de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que se cierne sobre los investigados.
Pero es que ya no se trata de que Sánchez haya puesto a su servicio y al de su señora y amigos la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sino que en la desaforada estrategia de intentar dinamitar la investigación se exige a esos órganos que reclamen la destrucción de pruebas, otro delito que bien se podría añadir al sumario tras revelaciones como la súbita desaparición de la página con el software que la señora Gómez había puesto a su nombre sin más justificación que su graciosa voluntad.
La desaparición de la web primero puede ocultar un intento por borrar pruebas que en el caso del escrito de la Fiscalía es manifiesto. Se trata de eliminar todo aquello que pueda incriminar a la mujer de Sánchez y en esa desquiciada carrera por taparlo todo no se duda en utilizar la Fiscalía como una especie de agencia de eliminación de residuos tóxicos que opera de la manera más chusca, torpe y chapucera posible.
Operativos como la entrada y registro en el domicilio y en la empresa de un investigado son parte inherente de la práctica judicial y no requieren más que de una orden justificada en tiempo y forma por el instructor. Y eso es lo que ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las órdenes del juez Peinado se incautaron de una tableta, dos ordenadores portátiles, un teléfono móvil y de la información contenida en diversas cuentas de correo electrónico. La desproporcionada reacción de la Fiscalía, con un escrito que pasará a los anales del sanchismo, eleva exponencialmente las sospechas y es un claro indicio de que el material incautado puede poner en serios aprietos al presidente del Gobierno, su familia y su entorno.
El asunto ya es pasto de la prensa internacional. Un medio como The Economist no tiene dudas al afirmar que Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia. El nombre de su mujer aparece en esa información. Se dice de ella que accedió a cargos universitarios para los que no está en absoluto cualificada. El descrédito es apabullante y en la medida en que aumenta, propicia movimientos tan torpes como el último escrito de la Fiscalía, que causa un bochorno insostenible.