Es público y notorio el alto grado de dependencia y servilismo de la Fiscalía General del Estado al Gobierno. En este sentido, baste recordar los duros e insistentes reproches que la Comisión Europea ha dirigido en este sentido a nuestro Gobierno o las propias palabras del presidente Sánchez en las que precisamente se jactaba sin pudor de esa lamentable subordinación del Ministerio Público al Ejecutivo. Lamentable y presuntamente delictivo ejemplo de ese servilismo es la divulgación por parte del Ministerio Público de las conversaciones mantenidas por el abogado de Alberto González Amador —novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— y el fiscal de la causa en la que se le investiga por un presunto fraude fiscal. Hasta tal punto esa "nota informativa" podía constituir un delito de revelación de secretos que el TSJM pidió identificar al "máximo responsable" de la decisión de la Fiscalía de difundir los datos reservados de la pareja de Ayuso, que no fue otro que el propio Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz.
No es de extrañar que la querella que Alberto González Amador presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos fuese respaldada por el Colegio de Abogados como tampoco es de extrañar, lamentablemente, que la numero 2 de Garcia Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, se haya opuesto a la imputación de su "jefe" en esta causa penal ante el Supremo.
Lo que sí llama la atención es el pedestre argumentario de la Teniente Fiscal para negarse a esta imputación: y es que, por un lado niega que los contenidos de la nota informativa de la Fiscalía fuesen desconocidos por la opinión publica puesto que ya habían sido publicados por diversos medios de comunicación., y por otro, se permite hacer un señalamiento a tres medios de Comunicación —El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital— a los que se permite acusar de difundir "infundios" sin indicar de qué infundios se trata.
Para empezar, no es cierto que los detalles tan concretos que revela la improcedente "nota informativa", presuntamente delictiva, de la Fiscalía sobre esas conversaciones fueran del dominio público hasta ese momento. Pero aunque así fuera, que no lo es, el hecho de que hayan podido haber filtraciones previas de conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación y que están bajo secreto del sumario a lo que debe llevar al Ministerio Público es, en todo caso, a investigar a los autores de esas ilícitas filtraciones, en ningún caso a confirmarlas en claro perjuicio de los derechos de los afectados y del secreto del sumario.
Es cierto que el articulo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concretamente su apartado cinco, permite a la Fiscalía "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia" , pero lo que no dice el bochornoso informe de la Teniente Fiscal es que ese mismo artículo pone límites a esas informaciones que siempre deberán mantener el "respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados". Y eso es precisamente lo que viola esa "nota informativa" y lo que justifica la acusación contra el Fiscal General del Estado como máximo responsable de un delito de revelación de secretos.
Por otra parte, es pública y notoria la hostilidad del gobierno a los medios de comunicación independientes, pero ¿qué necesidad tiene el Ministerio Fiscal de hacer un público y servil señalamiento de esos medios de comunicación —entre los que figura este diario— cuando el objeto de su informe no es —o no debería ser otro— que argumentar si lo comunicado por la Fiscalía en esa nota informativa constituye o no un delito de revelación de secretos?
Ya es gravísimo que el Ministerio Público no persiga las filtraciones que violan el secreto de los sumarios sino que se haga cómplice de esas filtraciones ampliándolas y concretándolas en supuestas "notas informativas". Pero lo que ya supera todo lo imaginable es que se permita, al mismo tiempo, señalar y acallar a medios de comunicación independientes bajo la acusación de difundir infundios. Esto es propio de una fiscalía de una república bananera pero no desde luego de una democracia respetuosa con el Estado de derecho.