Desde el auto del juez Llarena, con sus apreciaciones sobre el asunto de la malversación, se veía venir la posibilidad de que el empeño del Gobierno por librar de toda penalidad judicial a los cabecillas del golpe separatista naufragara en el ridículo más absoluto. Con la revisión de la sentencia que ha hecho el Supremo, aquella posibilidad es ya una realidad. El ridículo es patente y portentoso. Hicieron de todo para borrar cada uno de los efectos de la sentencia del 1-O y el resultado de tanto bochorno es que los exsediciosos van a seguir inhabilitados hasta la próxima década. Dicho en corto, el PSOE paga el coste y no obtiene los beneficios.
Eliminada la sedición en un pispás y rebajada la malversación tal como se pactó con Esquerra, los problemas parecían resueltos. Resueltos para los golpistas y para los socialistas, unidos ambos en el fraternal abrazo del interés común. Pero no hay reforma penal que les salga como quieren. Los que dejaron de ser sediciosos por la magnanimidad del Gobierno no dejaban de ser malversadores y, tal como apuntó Llarena y ha confirmado el Supremo, la malversación que hay que aplicarles no es la nueva y descafeinada, sino la agravada, lo cual tiene notables consecuencias. El melifluo Junqueras, que iba a presentarse a las elecciones para relevar al don nadie que le guarda el sitio, tendrá que quedarse en casita. "Golpe a la democracia", clama Esquerra con la autoridad del golpista.
El oprobio es difícil de llevar en público, por lo que el socialismo gubernamental ha optado por negarlo todo y por negarse a sí mismo, como de costumbre. Donde había dicho que el objetivo de sus decisiones "arriesgadas" era "sacar de los juzgados" al independentismo, dice ahora que el objetivo fue siempre que pagara por los delitos cometidos. De creer a la portavoz de este acrobático giro, la ministra María Jesús Montero, hemos de concluir que mentían todos los que decían que el magno propósito de esta y otras operaciones era "desjudicializar" el "conflicto".
Desjudicializar era el bálsamo de Fierabrás que iba a curar todos los males en Cataluña y a abrir un tiempo nuevo de "concordia" maravilloso. Y todo el mundo entendió, los primeros los separatistas condenados, que desjudicializar era librarlos de todas las consecuencias penales por el 1-O. Eso, para empezar a hablar. De ahí las reformas exprés del Código Penal que se sustanciaron. Visto lo del Supremo, el Gobierno se la envaina y hace como que nunca quiso librar a los golpistas de nada. Y mientras finge virtud en público, en privado tendrá que convencer a Esquerra y compañía de que tengan paciencia y aprecien la bicoca de que ya no haya delito de sedición para la próxima. "Hoy paciencia, mañana independencia", como solía decir Jordi Pujol.