Los protocolos contra la violencia sexual de los que tanto han presumido en la Generalidad catalana y en otras administraciones de la región en episodios como la presunta violación cometida por un futbolista en el baño de un reservado de una discoteca brillan por su ausencia en el caso de la violación de una niña de 11 años por un grupo de seis menores en los lavabos de un centro comercial en Badalona. Y allá donde hubo declaraciones de políticos con severas advertencias a los delincuentes sexuales, fuera cual fuera su condición social, ahora hay un espeso manto de silencio, como si la violación de una niña de 11 años y el que sus agresores no tengan que afrontar consecuencia de ningún tipo (no ya penal, es que ni siquiera reeducativa). Parece que no interpela en absoluto a los responsables políticos y a las autoridades, tanto en el caso de la Generalidad como en el del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Podría entenderse perfectamente que ese silencio contribuye a "revictimizar" a la niña, hija de una familia procedente de Ghana que quiere abandonar Badalona ante la falta de apoyo y las amenazas que está sufriendo. No tiene justificación posible que el hermano de la víctima tenga que ir al instituto protegido por una policía autonómico y que uno de los agresores de su hermana no haya sido expulsado de ese mismo centro. Tampoco tiene explicación que el vídeo de la violación circulara entre niños, adolescentes y sus familias y que nadie diera la voz de alerta, ya fuera ante la Policía o en los centros educativos a los que van la niña, su hermano y los agresores, tres de ellos menores de catorce y otros dos de entre catorce y dieciséis años. La policía autonómica trata de averiguar la identidad de un sexto atacante.
Clama al cielo que sólo uno de los agresores haya sido internado en régimen cerrado en un centro de la Generalidad mientras otro está en libertad vigilada. Al parecer, ambos ya habían cometido graves delitos con anterioridad. No tiene ningún sentido que lo único que hayan hecho las autoridades judiciales y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalidad haya sido advertir a los padres de los otros tres menores de lo que habían hecho sus hijos. Y nada más. La pasividad de la consejería de Educación de la Generalidad es otro de los extremos aberrantes de esta dramática historia. Llueve sobre mojado. En el caso de las gemelas de Sallent salieron apresuradamente a negar el bullying para luego rectificar sobre la marcha y pedir disculpas no sin antes jactarse de que Cataluña es un "referente internacional" en materia de salud mental.
Es evidente cuáles son las prioridades de la consejería de Educación de la Generalidad y de parte de esa comunidad educativa, en realidad política, que presume de que la escuela catalana es la mejor del mundo porque impone a machamartillo el catalán y excluye el español. Casos como los referidos ponen de manifiesto que detrás de esa fachada supremacista existe una realidad muy cruda sobre la que el gobierno catalán es de una incompetencia mayúscula y delictiva. El colapso de los servicios sociales, incluidos los más cercanos a los ciudadanos, es también patente. El Ayuntamiento de Badalona, que se enteró del caso por la prensa, reconoce que algunas de las familias de los "pequeños" violadores habían requerido la atención de sus servicios y se admite también que se trata de familias "complejas" que viven en una de las zonas más degradadas del municipio. Se reconoce también que esos adolescentes acumulaban delitos y eran perfectamente conocidos por la policía local. Sin embargo, campaban a sus anchas y estaban escolarizados con absoluta normalidad. Los responsables de los centros educativos se declaran impotentes. El crimen no se cometió dentro de las instalaciones del instituto, ha deslizado la dirección del centro que comparten el hermano de la víctima y uno de los agresores.
Los despropósitos se amontonan uno tras otro y las novedades del caso no hacen más que poner de manifiesto toneladas de incompetencia e irresponsabilidad por parte de las administraciones. Son las consecuencias de múltiples factores, desde las teorías sexuales de la izquierda para la educación de los niños, difundidas sin recato alguno por el Ministerio de Igualdad, hasta la obsesión adoctrinadora de la Generalidad, que va en menoscabo de una educación integral y, sobre todo, sana. Ese escalofriante silencio de los titulares de ministerios y consejerías y esos excesos legales que permiten que actos como una violación en grupo puedan no tener consecuencias a pesar de estar identificados sus autores. Ese falso buenismo izquierdista en relación a la infancia y la adolescencia, esa supuesta protección de los menores, todas esas "enseñanzas" criminales sobre el sexo y los niños que emanan del Gobierno y de la Generalidad han dejado en la más absoluta intemperie a una niña de once años y a su familia. ¿Protección del menor? Será de los menores violadores, no de sus víctimas. ¿Va en serio que los gobernantes no tienen nada que decir sobre el caso porque está bajo secreto de sumario? ¿A qué vienen entonces las filtraciones gota a gota de los detalles de la violación? ¿Dónde están los defensores de la infancia y de las mujeres? ¿A qué esperan para salir, igual que lo han hecho esta semana por el Día Internacional de la Mujer, y comprometerse a arbitrar medidas legales y sociales que pongan fin a este drama? ¿Qué hacen el Gobierno y el Govern? ¿Pactar más rebajas de pena para los golpistas, los corruptos, los pederastas y los violadores? ¿Qué tienen que decir las autoridades autonómicas que afirman que el único problema de la escuela en Cataluña es el 25% de la enseñanza en español y que pregonan que la suya es la mejor escuela del mundo? ¿Dónde están los que organizan gincanas sexuales con menores en los ayuntamientos separatistas? ¿O los que niegan que las gemelas argentinas de Sallent sufrieran acoso escolar por su acento y por no hablar catalán?
Seis adolescentes han violado a una niña de 11 años y lo único que hacen los responsables de las instituciones y los partidos es taparse las vergüenzas y presumir de sus escuelas, de sus políticas sociales, sexuales y feministas, de la protección de los menores y de sus estrictos protocolos. Todos esos mantras "progresistas" centrados en proteger a los delincuentes y desproteger a las víctimas. He ahí las consecuencias.