Mientras el Gobierno presume de unos datos de paro que cada mes manipula más groseramente, lo cierto es que para tener una idea de lo que está pasando en el mercado laboral y en la economía españoles hay que mirar más allá de las cifras o, mejor dicho, a otras cifras y no sólo los globales.
Es lo que ha hecho Beatriz García en Libre Mercado rescatando una comparación que tiene mucho más fondo que las cuentas manoseadas por Yolanda Díaz: la cantidad de puestos de funcionarios que se han creado desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, frente a la de autónomos que se han dado de alta en el mismo plazo.
El balance es abrumador: mientras en estos cinco años 360.000 personas han engrosado las filas de los trabajadores públicos el censo de autónomos apenas ha variado. Es uno de los resultados más evidentes de la política económica de la que tanto presumen el propio Sánchez, Calviño o Yolanda Díaz: España se está convirtiendo en un país de funcionarios en el que no crece la economía productiva y todavía menos la iniciativa individual, la cantera de lo que serán las futuras empresas de éxitos.
Esto, además, tiene las consecuencias directas que cabe esperar en manos de un Gobierno tan irresponsable como el que por desgracia padecemos: el gasto público también se ha disparado y con él la deuda y, por supuesto, la presión fiscal, que cada vez ahoga más la economía productiva.
Pero tiene una consecuencia que a largo plazo es todavía más grave: la creación de un tejido productivo incapaz de producir, de una economía sin iniciativa y sin inventiva, de un país que se va volviendo cada vez más incapaz de innovar, experimentar y crear, aspectos clave de la economía del siglo XXI.
Y para rematar lo grotesco de la situación, este incremento brutal de la plantilla estatal coincide con una degeneración pocas veces vista de la calidad de los servicios públicos, con organismos como SEPE que son directamente un caos y múltiples quejas en gran cantidad de organismo o huelgas en ámbitos tan sensibles como la Justicia.
Es una estadística insostenible y una política económica que va a llevar, que está llevando, al país a la ruina. Y que nadie entienda esto como un ataque a los funcionarios, que son necesarios en la justa medida y que, por supuesto, no son culpables de las disparatadas decisiones de Sánchez y los suyos, pero debe haber un equilibrio entre las plantillas públicas y la economía real y la segunda no puede sacrificarse al engorde indiscriminado de las primeras.
Muchos pensarán que este disparate es una consecuencia del cortoplacismo de Sánchez y los suyos, una mera herramienta para que las cifras de paro sean mejores y el Gobierno pueda entregarse a la propaganda, que es lo único que sabe hacer. Sí, por supuesto que hay algo de eso, pero también hay algo mucho más profundo: la idea de un país que dependa al cien por cien del Estado y, por tanto, de los políticos; de una economía que sólo responda a los caprichos de unos gobernantes desaprensivos cuya única preocupación es lograr el control absoluto de la sociedad y atornillarse eternamente en el poder.
Este es, sin duda, uno de los problemas más importantes y difíciles a los que se enfrentarán los próximos gobiernos, esperemos que tengan la valentía de encararlo y no se limiten a dar una patada adelante que más antes que después la economía española no podrá soportar.