En estos momentos, cuando iniciamos un proceso electoral para renovar las Cámaras –Congreso y Senado– aparece, necesariamente, aquel estribillo con que el español obsequia al artículo 14 de nuestra Constitución, "Los españoles son iguales ante la ley", apostillando, a modo jocoso pero fundado, que sí, pero unos más iguales que otros.
Es una realidad –la diferenciación– que acabamos considerándola natural, y hasta propia de nuestro sistema político y social, por lo que convendría, ni siquiera comentarla.
Pero algunos no nos resignamos a guardar silencio, respetando un sistema que permite lo que tenemos. ¿Qué podemos decir de las contiendas electorales en España y, concretamente, de la elección convocada para el 23 de julio próximo?
La primera respuesta que a uno se le ocurre es que, ante el 23 de julio, todos los españoles son iguales, pero unos candidatos cuentan con unos medios, propios del ejercicio del poder político, mientras que otros seguirán siendo anónimos en una larga lista de su formación política.
Se suele mencionar siempre, la diferencia que existe en poder usar medios públicos, de transporte, de información… aunque yo considero más relevante la capacidad de anuncio, en la que unos nunca podrán competir en igualdad con los otros, en eficacia pública de los medios, todos, de información.
Dada la circunstancia de que el gobierno sigue ejerciendo su poder ejecutivo –bien o mal es otra cosa–, pese a estar en funciones, la realidad es que, indebidamente, sigue prometiendo, concediendo, generando partidas de gasto, con el epíteto incluso de quienes son beneficiarios –jóvenes, ancianos, buscadores de vivienda– teniendo, cualquier palabra o gesto como gobernantes, carácter de noticia de interés nacional; cosa que no ocurre con lo que puedan hacer o decir los otros, que según la Constitución, deberían ser iguales.
¿Tanto costaba la dimisión de cargos ejercientes del poder ejecutivo, que piensan actuar en el proceso, beneficiando a unos candidatos y no a otros en las elecciones próximas? Algunos, muy pocos, ya lo han hecho, y por eso, si lo cumplen, merecerán mi respeto.
Otros, por el contrario, lejos de la neutralidad exigible para determinar la limpieza del proceso, y quizá en busca de un puesto apetecible, si los resultados fueran adversos, siguen activos, hasta cargando, abiertamente, contra los intereses económicos españoles.
Hacer propios, si no fueron los instigadores, de los argumentos del boicot de Alemania a la producción de fresas en nuestro suelo, responsabilizando a los otros de un daño –no determinado, ni definido en su origen– en el Parque Nacional de Doñana, es una irresponsabilidad, inadmisible en un gobernante español, aunque esté en funciones.
Bien es verdad que, los parlamentarios alemanes, venidos para visitar el Parque, con mayor sentido ético que el del gobierno –la ética no va con la extrema izquierda–, llegados a Madrid, decidieron volver a Alemania, para que su presencia no se manipulase alterando el proceso electoral. Muchísimas gracias; Sehr viele danke.
En el gobierno de la polis, las cosas pueden hacerse bien, pero los hay que prefieren hacerlas mal. Incluso en esto, unos son más iguales que otros.