Hace un par de semanas fue triste noticia la Presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, por emitir comentarios antisemitas contra Elias Bendodo, dirigente del PP, en los que lo calificaba de "judío nazi". La presión de la opinión pública obligó a dimitir a la histórica personalidad socialista. Al momento de su dimisión nada pareció indicar que Rubiales llegase a comprender, mucho menos aceptar, que una disputa política no pueda ameritar un ataque de una bajeza moral extrema, no sólo contra una persona concreta, sino contra la minoría judía, pues era la la identidad hebrea de Bendodo lo que se usaba para atacarle de un modo tan hiriente y miserable.
Todo ello podría concluir un hecho aislado, anecdótico o puntual. No es así. Asistimos, en realidad, a otro episodio de una constante de la coalición que ha apoyado el presidente Sánchez: la judía ha sido la única minoría que se ha visto maltratada por un gobierno que se preciaba, precisamente, de sobrerrepresentar e hiperlegislar en favor de cualquier colectivo que pudiera ser sujeto de discriminación. Y eso que, en el caso del acoso y la intimidación a los judíos, este peligro es históricamente objetivo y con una actividad presente contrastable.
Porque no hay que olvidar que bajo su mayoría, por mucho que con gestos se intente ocultarlo, muchas instituciones públicas, gobiernos locales y fondos presupuestarios de los contribuyentes españoles se han puesto al servicio del hostigamiento a personas que, por su identidad judía, o por proximidad a ese colectivo, mostraban de un modo natural su simpatía hacia el judío, colectivo que representa Israel. El estado abandonaba así su exigible neutralidad frente al administrado y penalizaba a un pequeño grupo de ciudadanos por una cuestión puramente identitaria.
En este periodo, el Ayuntamiento de Barcelona invitó a la ciudad y homenajeó a una famosa terrorista, dirigente en la actualidad de un sanguinario grupo que, a día de hoy, asesina a personas judías allá donde se encuentran en el mundo. Ninguno de los cuatro grupos mayoritarios del consistorio rechistó.
En ayuntamientos y regiones los grupos políticos que gobiernan España han propuesto y ejecutado acciones de boicot que excluyen de la vida económica, política y cultural, a personas asociadas a las comunidades judías. Sólo a ellas se les exigía denunciar públicamente a un estado, Israel, para no ver mermada su vida cívica plena. Sólo se ha exigido esto a ciudadanos con una cierta identidad y sólo a aquellos relacionados con el Estado Judío. El único estado judío.
El Partido Socialista y sus socios han normalizado estos comportamientos que parece han pasado inadvertidos al resto de la población. Se ha naturalizado que, bajo la máscara de un denominado "antisionismo" se apliquen los clichés y los líbelos clásicos del antisemitismo más rancio contra los ciudadanos judíos españoles desde programas de televisión de líderes que han acabado siendo vicepresidentes del gobierno. Y resulta particularmente doloroso para estos ciudadanos que estas actividades excluyentes se hayan realizado gracias a las cuantiosas aportaciones, a las subvenciones millonarias, que ayuntamientos, comunidades, y organismos del Gobierno de España han otorgado a grupos cuyo fin es, precisamente, fomentar este hostigamiento a la comunidad judía española. Todos esos grupos son próximos a los partidos políticos que apoyan el gobierno de Sánchez.
Los tribunales han hablado en más de 80 sentencias, el Tribunal Supremo ha declarado estas acciones desde el poder como inconstitucionales y discriminatorias. Es trágico y doloroso que ciudadanos españoles miembros de un colectivo tengan que recurrir a los tribunales de justicia para protegerse de su propio gobierno y de la hostilidad de este.
En este periodo, la Asamblea de Madrid exigió al Congreso los Diputados que adaptara la legislación nacional en materia de subvenciones, de contratos públicos y de asociaciones para que grupos que fomentan acciones antisemitas fueran excluidos de la institucionalidad y del acceso a ayudas públicas. Y, aunque el Congreso de los Diputados aprobó esta moción con amplia mayoría, la realidad es que la coalición de socialistas, con la izquierda neocomunista y con nacionalistas, ha impedido que esta medida fundamental, básica, de higiene pública y democrática, haya entrado en vigor .
Algunos dirán que el Gobierno de España ha aprobado un plan nacional de lucha contra el antisemitismo. Es un plan al que le obligaba la Unión Europea, pero se ha ocupado el gobierno de que su sustancia y su efectividad se desactive completamente al obviar, precisamente, las actividades más obvias, la estrategias más peligrosas de incitación al odio y de exclusión efectiva: aquellas fomentadas por sus partidos y consentidas, cuando no apoyadas, por ese gobierno.
Los ciudadanos tienen derecho a tener opciones electorales de izquierda que no les avergüencen. Tras cruzar tantas líneas rojas, cabe concluir que la deriva sectaria antijudía de la izquierda española y del Partido Socialista sólo podrá ser revertida tras un profundo proceso de renovación que elimine de posiciones de liderazgo a las personas que han participado entusiástamente en este lamentable proceso de degradación nuestra vida democrática en el que los judíos han sido, como suele ser habitual, el canario en la mina.