No, no es que lo haya. Es que debería haberlo. Ni siquiera el famoso "Pollo del Pinar", Eligio Hernández, que fue fiscal general del Estado sin atributos para serlo en tiempos de Felipe González, se comportó tan sectaria y antidemocráticamente jamás. Recuerden lo que ha dicho el que manchó la toga y el alma con el polvo del camino: "Mientras yo sea presidente, Vox no ganará ningún recurso de amparo, ni estimaré ningún recurso de inconstitucionalidad. No hay que darles pábulo". Frase terrible y abyecta por antidemocrática.
Imaginen que hubiera dicho que mientras sea presidente, Sumar no ganará recurso ni estimará nada. O que el PSOE o que Bildu o que Teruel existe o Adelante Andalucía. Supongan que hubiera dicho que ninguna asociación gitana, o negra, o gallega, o andaluza o de médicos o de arquitectos o de guardias civiles ganará recurso de amparo alguno o serán estimados de sus recursos de inconstitucionalidad. ¿Hasta dónde puede llevar la perversión judicial? ¿No estamos ante un delito de odio de libro?
El Código Penal dice en su artículo 510:
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.
Esta declaración, propinada en la última semana de la campaña electoral, ha dado el golpe definitivo a quienes esperábamos que algún día la Justicia en su conjunto, de abajo a arriba, fuese realmente un poder no dependiente del Gobierno ni de los partidos políticos. Desde la sentencia de Rumasa, declarando constitucional su expropiación, no ha habido un momento de respiro. Luego vino el intento de asesinato de Montesquieu y tantas otras cosas que los ciudadanos sólo podemos confiar en los niveles más bajos de la judicatura, con cuidado, y siempre que no se toquen intereses mollares de partidos políticos y compañeros de viaje.
Gane quien gane, Conde Pumpido se quedará en el cargo algunos años más con el propósito declarado de tumbar toda iniciativa que perjudique a los intereses del PSOE o de la izquierda y los separatismos en su conjunto. Ha dicho: "Vox", cierto, con lo que ha proporcionado a quienes dudaban entre votarlo o ser seducidos por el voto útil hacia el PP, una razón moral más para votar al partido legal más satanizado que se recuerda en España desde la CEDA de José María Gil Robles.
Pero toda esta demonización tiene una explicación expuesta por Luis del Pino con toda claridad: daña a la derecha en su conjunto, no sólo a Vox. Resumiendo su lección estadística, por cada punto porcentual que pierda Vox en favor del PP, la derecha en su conjunto perderá tres escaños que van a la izquierda. Por eso, Pedro Sánchez bailó con la planchadora en el último debate. Por cada punto que Sumar no ceda al PSOE, la izquierda en su conjunto sumará tres escaños. Por eso Sánchez no ha apelado al voto útil.
Pero, ¿alguien duda de que Pumpido dirá "PP" en lugar de "Vox" cuando convenga y que así lo consumará cuando tenga la oportunidad? Ha dicho "Vox" porque es lo que renta a la izquierda, pero su trayectoria indica que siempre hará lo posible para lesionar a PP y a Vox. Si ya lo hizo cuando se trató de la incrustación de Bildu y la ETA en las instituciones democráticas, ¿qué no hará un magistrado y ex fiscal general por quienes le aúpan a lo más alto de la Judicatura para conseguir objetivos partidistas?
Hay que hacerse varias preguntas. ¿Puede ser legal y normal que el presidente del Tribunal Constitucional prejuzgue judicialmente de ese modo a un partido legal en plena campaña electoral? ¿No hay un delito anunciado de prevaricación en su declaración de intenciones, que ya ha podido perpetrar en algunas ocasiones? ¿Cómo es que ningún particular, asociación o grupo, salvo personas individuales, han condenado este proceder o han emprendido acciones judiciales contra quien debe velar por la máxima pureza de nuestra Ley de leyes? Ah, resulta que no se puede y que, si se emprende, puede perderse.
Cierto es que no hay grabaciones que prueben que ha dicho lo que ha dicho aunque yo creo que lo que afirma Miguel Ángel Pérez, con el que he trabajado, va a misa. Tan cierto es que tampoco lo ha desmentido el interesado y mucho más cierto es que ya se sabe que esa es su voluntad, su intención y su misión. O sea, que aquí lo verdaderamente decisivo es que aflore una grabación fiable con la frase de Pumpido para la posteridad. Pero no creo que tal cosa vaya a ocurrir.
No hay otro remedio que los ciudadanos intervengamos en la cuestión mediante una petición masiva y millonaria de dimisión del señor Conde Pumpido. No puede seguir siendo presidente del Tribunal Constitucional alguien que anuncia intenciones prevaricadores y avisa sobre su propósito de cometer un delito de odio tipificado. ¿Cuántas firmas tienen que recogerse para que este señor tenga que dimitir? ¿Varios millones? Pues sea. ¿Será inútil? Ya lo veremos. Pero la política es algo que no podemos dejar en manos de los partidos desde hoy mismo. Manos a la obra.