España vive demasiado pendiente de la justicia y de los tribunales. Un independentista diría que está "excesivamente judicializada". Y efectivamente lo está, pero no en el sentido que él lo dice. Podemos estaba claramente financiado, y quizá lo siga estando, por las dictaduras venezolana e iraní. Lo terrible de este hecho no es que sea un delito, sino que las potencias que en este caso concreto financiaban al partido, una dictadura comunista y otra teocrática, parias de la Comunidad Internacional ansiosos de subvertir el orden mundial, no podían querer para España más que lo peor. Siendo el mismo delito y por lo tanto merecedor de la misma condena, no es sin embargo igual al caso del PSOE cuando recibió financiación de la socialdemocracia alemana a través de una fundación del SPD. En ninguno de los dos supuestos se demostró nada que fuera penalmente punible, aunque había una certeza indudable de la realidad de los dos hechos. Como los tribunales no encontraron pruebas suficientes para condenar a nadie, la sociedad española asumió ambas realidades. Y la opinión pública las legitimó por ser legal lo que de ninguna manera debió tolerarse. Es quizá aceptable que el electorado dejara sin castigar que el PSOE se financiara ilegalmente porque el propósito de los socialdemócratas alemanes era que un PSOE más robusto se convirtiera en el pilar izquierdo en la democracia española en perjuicio del Partido Comunista. No se entiende en cambio la indiferencia cuando se le presenta una financiación que tiene por finalidad inequívoca ayudar a un partido a destruir la democracia en España.
Con la amnistía pasa algo similar. Parecemos todos estar pendientes de que las instancias judiciales dictaminen si nuestras leyes consienten o no hacer tal disparate para, si los jurisconsultos de parte que han vendido su ciencia y su pericia jurídica al sanchismo dictaminan que se puede, concluir que nada reprobable hay en ello. Y no es así. La Constitución Española podría ser algo menos clara de lo que en realidad es y permitir tácitamente las amnistías de un modo más claro. Y eso no evitaría que siguiera siendo un escándalo de proporciones ciclópeas que el presidente del Gobierno se la dé a quienes han intentado acabar con el orden constitucional a cambio de sus votos para ser investido nuevamente. Y ésta es la manera más benévola de describirlo porque la realidad es, dicho a las claras, que los criminales que intentaron dar un golpe de Estado en España ponen en la presidencia del Gobierno a quien les garantiza que sus delitos serán amnistiados. Pero en España, lo que es legal sigue siendo legítimo. Y hay una cosa en la que tienen razón los socialistas. Los españoles no sabían en 2019 qué haría Sánchez con sus votos. Pero, en 2023, después de indultar a los golpistas condenados, derogar el delito de sedición para que las futuras intentonas no sean penalmente perseguibles y haber malbaratado el delito de malversación, sabían perfectamente qué podía traer votar a Sánchez. No obstante, el PSOE, que obtuvo 120 escaños en 2019, en 2023 mejoró sus resultados en un escaño. No hay nada más que decir.