Con Canarias bajo la presión de la llegada constante de cayucos, el Gobierno ha empezado a trasladar a inmigrantes a la Península de forma sigilosa. Desde Sabiñánigo a Sanxenxo, pasando por Medina del Campo, toda una serie de localidades han recibido a cientos de inmigrantes sin previo aviso o con una notificación pocas horas antes. El sigilo ha sido tan extraordinario, que las autoridades han dado mucha más publicidad a ciertas declaraciones, que tildan de xenófobas, de algún concejal, que al plan que tienen para reubicar a miles de personas. Bien puede ser que no haya nada parecido a un plan, eso está claro, pero el plan que tenían, por lo que se ha visto, era el de hacer todo esto con el mayor hermetismo posible.
Bajo el pretexto de que las competencias no corresponden a Gobiernos autonómicos y locales, se les ha hurtado a unos y otros el acceso a información previa y, más todavía, a cualquier coordinación. Obvio es que aquello de la cogobernanza ya estaba muerto y enterrado hace tiempo, aunque nunca fue otra cosa que un decorativo biombo para tapar carencias del Gobierno en la pandemia. Pero esta forma de orillar a los que finalmente reciben a los inmigrantes, sólo refuerza la impresión de secretismo que desprende la operación. Y el secretismo choca con la panoplia de buenos sentimientos y solidarias medallas. Si estamos ante un ejercicio de solidaridad absolutamente encomiable, ¿por qué tan poca transparencia? ¿Por qué no se expone en detalle, con luz y taquígrafos, y se negocia con todos los concernidos?
Desde el Gobierno quieren comparar estos traslados sin previo aviso con la acogida de ucranianos desplazados por la guerra. Pero los ucranianos no irrumpieron en nuestro país, no pasaron la frontera española de modo irregular e impusieron, por así decir, que se les acogiera. Su acogida se fue organizando, primero desde la sociedad civil, después con apoyo institucional, y siempre bajo el paraguas de la protección temporal que abrió la Unión Europea. Son dos fenómenos y casos distintos, pero el Gobierno saca a colación a los refugiados ucranianos con un propósito nada noble por su parte. Pretende utilizar la simpatía que despertaron aquéllos para que se juzgue con benevolencia esta dispersión que tiene en marcha, y de la que no ha informado con la debida antelación a nadie. Claro que en el Gobierno no son tontos. Al que se queje por falta de información y coordinación, se le tacha de insolidario y xenófobo, y asunto ventajosamente resuelto.