¡Confusión de confusiones, todo confusión! Si el autor del Eclesiastés hubiera imaginado la España de Sánchez, habría introducido la expresión del encabezamiento, como palabras de Qohélet, relatadas en el libro.
Se nos dice, que se está desarrollando una negociación entre el gobierno de España y el de la Generalidad de Cataluña. La razón de ser, dicen, es que la Generalidad pretende declarar, unilateralmente –por un pretendido derecho a la autodeterminación– la República Independiente de Cataluña, frente al estado español.
Si así fuera, para qué tanta negociación y porqué las exigencias de los independentistas. Esas exigencias, contradicen el proyecto político de independencia, porque, qué más dependencia que poner la mano para recoger las dádivas.
Desde España, preguntamos: qué estamos pagando con tales dádivas. Porque, si hubiera sido que España, harta del descontento catalán, hubiera decidido expulsar a Cataluña del seno patrio español, pensaríamos que las dádivas eran compensación de posibles pérdidas. Pero no es el caso.
No es la primera vez que Cataluña se declara unilateralmente independiente de España. Aunque, nunca ha habido que pagar por ello. Quizás hubo costes asociados, pero no pago/entrega directos.
Recordemos la Declaración de Independencia –en dos versiones– de Pau Clarís: la primera, el 16/01/1641, reinando Felipe IV, para poner Cataluña bajo la protección del Rey de Francia Luis XIII, rechazada por el monarca; la segunda, una semana después, el 23 de enero, por la que se propone que Cataluña se incorpore, como un Departamento más, a la Administración francesa, bajo la soberanía de su Rey. Solución aceptada, que terminará en la Paz de los Pirineos, con un coste, por pérdida del Rosellón y la Cerdaña, que se incorporarán a la Francia de Luis XIV.
Es cierto que las proclamaciones catalanas de independencia aprovechan momentos de debilidad, como en el caso mencionado, una guerra con Francia. Debilidad también, durante la Segunda República Española, cuando el mismo día de su proclamación, 14/04/1931, se proclama, por Francesc Macià el "Estado Catalán que… procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas", cuando tal Federación era inexistente. Resultado: disolución del Estado Catalán tres días después de su proclamación.
Tras la muerte de Macià, Lluis Companys asume la Presidencia de la Generalidad para, el 06/10/1934, proclamar el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española". Otro error, porque esta se constituyó como "República democrática de trabajadores…". Además, como Estado Integral, incompatible con el Estado Catalán soberano.
El 07/10/1934, Lluis Companys es detenido, para ser juzgado en Madrid por el Tribunal de Garantías Constitucionales que, el 06/06/1935 condena a Companys y a su gobierno, a treinta años de reclusión mayor, además de inhabilitación perpetua.
El 21/02/1936, el gobierno del Frente Popular –de composición semejante al de Sánchez– aprueba una amnistía, quedando todos los condenados en libertad. Pero el Gobierno de la República, nunca se planteó cuánto debía entregar a Cataluña en el caso Macià, ni en el caso Companys. Como tampoco Mariano Rajoy, en la Proclamación de de Puigdemont (27/10/2017), anulada el mismo día.
Probablemente, el pago a Cataluña, sea compra del voto separatista para Sánchez. Pero eso debería pagarlo Sánchez, no España.