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Agapito Maestre

El Estado de derecho se defiende

La batalla jurídica del Tribunal Supremo contra un nombramiento del gobierno a todas luces injusto es para enmarcar en letras de oro en estos momentos trágicos.

La batalla jurídica del Tribunal Supremo contra un nombramiento del gobierno a todas luces injusto es para enmarcar en letras de oro en estos momentos trágicos.
Dolores Delgado. | EFE

Aún hay motivos y razones en la España actual para plantarle cara al dictador Sánchez, que es un "psicópata de libro", según el lenguaje del Padre Mundina, porque ha divido al país en dos para llevarlo a una guerra civil. La voz de este sabio de la flora y fauna españolas, el jardinero mayor de España, es representativa de lo mejor de la sociedad española a derechas y a izquierdas. No me extraña que, cuando Mundina dictó esa sentencia con argumentos de peso, una periodista correcta, o sea, una adocenada del protocomunismo sanchista, se quedara estupefacta sin saber qué decir. La voz de la calle, sí, la voz popular más desarrollada es realista y sabe qué nos estamos jugando. Lucha en todos los frentes, y a todas horas, para que no le arrebaten la paz social que nos ha traído la democracia, sin duda alguna, débil, pero democracia. El pueblo civilizado no quiere regresos ni "vueltas" extrañas a la paz de cementerio que nos ofrece la dictadura de un "psicópata", sin duda alguna, muy bien acompañado por una banda, como dijera Rivera, de forajidos y ladrones con el único objetivo de hacerse ricos con el robo del dinero público.

El Padre Mundina fue explícito y, sobre todo, expresó con nitidez el pensamiento de millones españoles. Fue el buen cura tan preciso como pesimista sobre nuestro presente y futuro. Y, sin embargo, la realidad nos trae algunas razones para la esperanza. Este partido, sí, contra las políticas dictatoriales del comunismo-separatista puede ser ganado por el Estado democrático de derecho. La España democrática puede ganar la batalla al totalitarismo al que aspira el Gobierno sanchista. La propia presencia del Padre Mundina en una cadena "bizcochable" por el poder sanchista es un argumento para el optimismo. El comunismo-separatista no habría vencido, en mi opinión, ni mucho menos a una pieza clave del Estado de derecho: el poder judicial.

Los jueces y los fiscales resisten, a pesar de que un número significativo de ellos están implicados en el proceso golpista. Cientos de jueces y fiscales tratan de hacer funcionar con razones y justificaciones racionales todas las instancias de la Judicatura. Pongamos un par de ejemplos: primero, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Madrid absuelve al presidente de Libertad Digital de los delitos de calumnias e injurias que le acusaba el exministro, José Luis Ábalos. Segundo, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anula el nombramiento gubernamental de Dolores Delgado. Son dos grandes batallas jurídicas con repercusiones, sin duda alguna, en el fortalecimiento de la democracia.

La batalla jurídica del Tribunal Supremo contra un nombramiento del gobierno a todas luces injusto no sólo desde el punto de vista del derecho consuetudinario, genuino derecho para todo ciudadano digno de este nombre, sino también desde las normas legales del propio Estado de derecho español, es para enmarcar en letras de oro en estos momentos trágicos de presión del Ejecutivo para arruinar el poder Judicial. La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulando el nombramiento a la categoría de fiscal de Sala a Dolores Delgado, antigua ministra de Justicia y Fiscal General del Estado de diferentes gobiernos sanchistas, es una prueba de que aún hay Estado democrático de derecho. En esta sentencia hallarán los ciudadanos, los demócratas, no sólo energías suficientes para seguir en las manifestaciones callejeras e institucionales contra el proceso golpista de Sánchez, sino también razones para creer que el llamado Estado de derecho no es una construcción acabada, sino también, como diría mi maestro Habermas, una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer o conservar, a renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes.

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