Condonar deuda autonómica es una pésima idea. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque es profundamente injusta. La quita a la carta que el PSOE acordó con ERC con el único fin de lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez supone, simple y llanamente, mercadear con el dinero ajeno, el de todos los españoles. El Estado perdonará el 20% de los préstamos concedidos a la Generalidad de Cataluña con el único fin de comprar el voto de los nacionalistas. Eso supone una factura adicional de 15.000 millones sobre los hombros del resto de los contribuyentes, excluyendo vascos y navarros, por pertenecer al sistema foral. Es la investidura más cara de la historia.
Además, como resulta difícil justificar una condonación semejante a una única región, el Gobierno de Sánchez ya ha avanzado que la extenderá al resto de comunidades autónomas de régimen común, aunque, de momento, no ha especificado cómo. Entre las diferentes opciones que se barajan, existe la posibilidad de aplicar una quita equivalente a las autonomías que acumulan deuda con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), en cuyo caso el coste rondará los 35.000 millones.
Pero tampoco se descarta aplicar una quita general del 20% a la deuda total de las regiones, dado que no todas han acudido al FLA con igual intensidad, de modo que el importe ascendería a 65.000 millones. E incluso se podría aplicar una condonación per cápita equivalente a la que disfrutarán los catalanes, de modo que la cifra final podría acabar rozando los 90.000 millones. Así pues, lo que inicialmente suponía una factura de 15.000 amenaza con multiplicarse por seis. Y eso, siempre y cuando el Gobierno no ceda a nuevas exigencias, puesto que Junts y ERC ya están pidiendo la condonación total de la deuda catalana con el FLA, que supera los 73.000 millones.
Sin embargo, sea cual sea la cantidad final, es un colosal despropósito en sí mismo porque, en el fondo, significa cargar al bolsillo de todos los españoles la pésima gestión de algunas comunidades autónomas, de modo que algunos saldrán beneficiados y otros muchos perjudicados sin tener responsabilidad alguna. En concreto, la abultada deuda de las comunidades más manirrotas y despilfarradoras la terminarán pagando los contribuyentes de las autonomías más diligentes y eficientes en la gestión del dinero público.
La condonación de deuda autonómica, con independencia de su importe, premia la irresponsabilidad fiscal y castiga la buena gestión. El incentivo no puede ser más dañino y perverso. Si hasta ahora ya había pocos frenos para que las autonomías respetaran el equilibrio presupuestario, semejante dislate abrirá la puerta de par en par al despilfarro público más descarado e improductivo, ya que, en última instancia, el Estado terminará pagando todos los excesos cometidos… Con el dinero de los españoles.
Las quitas de deuda, en definitiva, alimentan el gasto, el déficit y, por tanto, acaban trayendo mucha más deuda como resultado. Y más deuda, a su vez, supone menos solvencia. Y menos solvencia, más desconfianza a la hora de prestar dinero. A mayor desconfianza de los inversores, más riesgo. Y a mayor riesgo, más rentabilidad tendrá que ofrecer el Estado y, a la postre, más intereses tendrán que pagar los contribuyentes por esa misma deuda. La condonación la pagas tú, la pagamos todos.