Justo al cumplirse un año desde las últimas elecciones generales, el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en evidencia la extrema debilidad, el sinsentido y el permanente chantaje al que sigue sometido su empecinamiento de sostenerse como sea y con quien sea en el gobierno: la formación separatista liderada por el prófugo golpista Carles Puigdemont ha decidido votar en contra del techo de gasto —clave para aprobar los presupuestos para el año que viene— y la reforma del articulo 35 de la ley de extranjería. A pesar de que el gobierno había fijado para las comunidades autónomas unos objetivos de déficit del 0,1% para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía permitir a las regiones más margen respecto a la senda anterior, que les exigía el equilibrio presupuestario, el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha alegado que no era suficiente, al tiempo que advertía que no se podía contar con el voto de Junts a cambio de nada.
Por su parte, su compañera de partido, Miriam Nogueras, se ha quejado de que la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería obligue también a Cataluña, como al resto de todas las comunidades autónomas, a acoger a los menores inmigrantes como si aquella comunidad autónoma no fuese parte del territorio nacional. A este respecto, no nos es desconocido el hecho de que Cataluña, junto a otras comunidades autónomas, es ciertamente una de las que mas sufren el problema de la inmigración ilegal, y la llegada de menores en particular. Pero pretender que Cataluña quede al margen del problema sin plantear los defectos de esta inadmisible reforma de la ley de Extranjería que no es más que un parche a cargo de la seguridad y del contribuyente español son ganas de disimular el resquemor que en Junts está provocando el dialogo entre el PSOE y Esquerra para investir a Illa como nuevo presidente de la Generalidad.
Ni que decir tiene que el servilismo del gobierno hacia Junts sigue siendo tan grande que todos los reproches del PSOE por este varapalo de sus socios han sido dirigidos contra el PP. Y eso a pesar de la condescendencia del PP hacia el déficit de las comunidades autónomas y a pesar de que el partido de Feijóo había reducido de siete a cuatro las condiciones para apoyar la reforma de la ley de Extranjería: la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, la declaración de la emergencia migratoria, la financiación a las comunidades autónomas hasta que los menores no acompañados alcancen su mayoría de edad y la garantía de reforzar los recursos cuando las regiones superen la capacidad de acogida. A las cuatro el PSOE se ha negado.
Así las cosas, lo único que queda en evidencia es la patética situación en la que se encuentra un presidente del Gobierno cercado por la corrupción de su partido y de su mujer y de su hermano, falto de apoyos parlamentarios, obsesionado por controlar los medios de comunicación y el Poder Judicial y sin un proyecto de país y de gobierno. Prácticamente lo único que ha sacado adelante en su primer año de legislatura es una amnistía para unas formaciones golpistas, que, para colmo, lo siguen chantajeando, y que supone una autentica voladura de nuestro Estado de derecho sin parangón en la UE. Está visto, sin embargo, que Sánchez está dispuesto a permanecer en el gobierno al precio que sea, incluido el no poder gobernar.
