Un año después de la victoria de Pedro Sánchez, el Gobierno ha recibido uno de sus más sonoros bofetones por parte de Junts. Los socios separatistas han decidido poner al Ejecutivo entre la espada y la pared al votar en contra del techo del gasto y de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
De cara al futuro, lo que más complica al Gobierno es su voto en contra al techo de gasto y que es fundamental para sacar los Presupuestos. El portavoz de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha anunciado que su grupo parlamentario "no forma parte de ningún bloque", pese a los esfuerzos del Gobierno por incluirlos en el de los socios naturales de investidura. "No se puede contar con el voto de Junts a cambio de nada", ha recalcado pese a que reconocía que "hasta última hora" continuaron las negociaciones.
Para justificar su voto en contra, Cruset ha asegurado que las cifras de inversión presupuestaria en Cataluña durante el último año han sido de un 45% y lo ha confrontado con los 212% que dice que ha recibido Madrid. "Los objetivos de estabilidad son como los Reyes Magos sabes que llegan cada año y tienes que trabajar", ha añadido
Los de Carles Puigdemont también han sido claves para tumbar esta reforma de la ley de Extranjería. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, acusó al Gobierno de "abusar de la solidaridad del pueblo de Cataluña". Durante su intervención, cargó contra "el buenismo" y pidió al Ejecutivo que "negocie, empatice y conozca la realidad" de los municipios catalanes para "no seguir sobresaturando" su comunidad.
Nogueras afirmó que "entiende" la situación que está viviendo Canarias pero pedía al PSOE que "retiren la ley" y hagan una nueva. Lo que más molesta a la separatistas es que la reforma del art 35 "obligará a todas las comunidades" a acoger a los menores inmigrantes y la alternativa que proponen es "obligar" a las que dicen que "siempre se han negado".
El PSOE culpa al PP
Anticipando el golpe, tanto el PSOE como Sumar han delimitado el no del Partido Popular en una cuestión de "rédito político" y han basculado toda la presión sobre el partido de la oposición. El Partido Popular había rebajado de seis a cuatro las exigencias para apoyar la ley de extranjería y "a las cuatro el PSOE ha dicho no". Los de Alberto Núñez Feijoo habían fijado como sus líneas rojas la convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, la declaración de la emergencia migratoria, la financiación a las comunidades autónomas hasta que los menores no acompañados alcancen su mayoría de edad y la garantía de reforzar los recursos cuando las regiones superen la capacidad de acogida.
En esa línea, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reafirmaba en los pasillos su voto negativo: "Entendemos que no quieren nuestro apoyo", añadía mientras pedía "una negociación que no se haga por Whatsapp".
Durante el debate de la reforma los reproches al PP han sido constantes. En este sentido los populares lamentan que el Gobierno haya utilizado la tribuna para "insultar a quienes piden el voto", ironizando: "Bonita forma de construir consenso". Durante el debate en el hemiciclo la diputada popular, Ana Alós, recriminaba al PSOE que amenazase a su partido. "Si no fuese por el PP, no tendrían una crisis migratoria sino una crisis humanitaria", terciaba.
La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, fue la primera en poner encima de la mesa la posibilidad de retirar la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería para buscar más consenso entre los diferentes grupos políticos. "Yo no voy a explicar en Canarias que el Congreso de los Diputados del Estado español, no es capaz de trabajar en materia migratoria y de reformar una ley", lamentó Valido. Una opción que tanto el PP como Junts no ven descabellada.
