Este martes, se cumple un año de las elecciones generales del 23-J que, a pesar de dar la victoria a Alberto Núñez Feijóo, permitieron a Pedro Sánchez continuar en La Moncloa. Aquel día, el líder del PSOE comparecía exultante en Ferraz junto a su mujer, sabiendo que, gracias a la aritmética parlamentaria, podría seguir gobernando. Hoy, 12 meses después, el nerviosismo se apodera de uno y otro, tras la imputación de Begoña Gomez por corrupción, y la citación del propio Sánchez como testigo.
Sin embargo, este no es el único escándalo por el que el presidente se ha visto salpicado en el último año: a la investigación abierta a su mujer, se suma la que acorrala a su hermano, David Sánchez, y el caso Koldo, que ha terminado convirtiéndose en el caso PSOE. Todo ello, en un inicio de legislatura marcado por la escasa gestión -ni si quiera ha presentado Presupuestos-, las constantes cesiones a sus socios independentistas con la amnistía por bandera, el borrado de los ERE y una cuestionada política internacional que, entre otras cosas, ha dado lugar a una crisis diplomática con Argentina.
Además, el Gobierno se enfrenta a una complicadísima situación parlamentaria: tal y como ha dejado en evidencia este martes la votación del techo de gasto y de la reforma de la ley de extranjería, Sánchez no cuenta con una mayoría en el Congreso, por lo que cada nuevo proyecto legislativo supone una durísima negociación y nuevas concesiones, y los noes empiezan a ser más que los síes. En suma, en la práctica, el Ejecutivo no puede gobernar.
Amnistía y cesiones al PNV
Tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en la segunda y definitiva votación sobre su investidura, PSOE y Sumar firmaron su acuerdo de coalición. Era el 24 de octubre de 2023. Por aquel entonces no tenía garantizados los apoyos de los independentistas. Sin embargo, los guiños encaminados a la consecución de esos 7 votos que le faltaban no tardaron en llegar. Apenas cuatro días más tarde, el propio Pedro Sánchez defendía por primera vez la Ley de Amnistía, a pesar de que en campaña había asegurado que no tenía cabida en nuestra Constitución: "En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada".
El número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, viajaba entonces hasta Bruselas para reunirse con Puigdemont, mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se desplazaba hasta Barcelona para cerrar con Junqueras un acuerdo que incluía, además de la amnistía, el traspaso de Cercanías y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. El PNV, por su parte, le arrancó el traspaso de todas las competencias, así como el compromiso del "reconocimiento nacional de Euskadi" y la promesa de un nuevo Estatuto sobre el que "cimentar sus aspiraciones".
Gracias todo ello, el 16 de noviembre, Pedro Sánchez era investido de nuevo presidente de Gobierno con 179 votos a favor y 171 en contra. Aunque las negociaciones no fueron fáciles, porque los independentistas iban exigiendo cada vez más, la prometida Ley de Amnistía, el texto que liquida el Estado de Derecho finalmente se aprobó el pasado 30 de mayo.
¿El caso Koldo o el caso PSOE?
Entre medias, los numerosos casos de corrupción que se le han acumulado al presidente del Gobierno en los últimos meses tampoco se lo han puesto nada fácil. El 20 de febrero, la Guardia Civil detenía a Koldo García, el que fuera la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.
Ante la magnitud que empezó a alcanzar el caso, el Partido Socialista decidió expulsar de sus filas al propio Abalos, que hoy continúa como diputado en el Grupo Mixto. Sin embargo, esta maniobra no ha impedido que la investigación haya puesto en el punto de mira a medio PSOE, ya que el caso salpica, al menos, a dos secretarios de Organización -el propio Ábalos y Santos Cerdán-, cuatro ministerios -Transportes, Sanidad, Interior y Política Territorial-, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a dos empresas públicas, como Adif y Puertos del Estado.
Además, el caso sirvió para destapar las reuniones que la mismísima mujer del presidente del Gobierno había mantenido con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, lo que puso el foco en el polémico rescate de Air Europa y, con él, en todos los negocios que Begoña Gómez habría emprendido a raíz de que Pedro Sánchez aterrizara en La Moncloa.
La imputación de Begoña Gómez
Tras la interposición de una denuncia por parte de Manos Limpias, el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla decidió abrir una investigación a la propia Gómez por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras conocer su imputación, Pedro Sánchez trató de desviar la atención enviando una "carta a la ciudadanía", en la que se declaraba un "hombre profundamente enamorado" y amenazaba con dimitir.
Después de cinco días de reflexión, y a pesar de que no encontró en la calle el apoyo que esperaba, el presidente del Gobierno comunicaba desde Moncloa su decisión de seguir adelante, comprometiéndose, eso sí, a promover un plan de "regeneración democrática" para amedrentar a aquellos medios que, a su juicio, lo único que hacían era difundir bulos.
El plan en cuestión llegaba al Congreso la semana pasada. Sin embargo, no conseguía enterrar la polémica imputación de su esposa, acorralada por una controvertida Cátedra que se sospecha que pudo obtener mediante un trato de favor y dos cartas de recomendación al empresario que se la llenó de contenido, Juan Carlos Barrabés, quien, a su vez, se habría beneficiado de jugosos concursos públicos.
Este último reconoció ante el juez que se había reunido con Begoña Gómez en Moncloa en numerosas ocasiones y que, en dos de ellas, también participó Pedro Sánchez. Eso, unido a las declaraciones del rector de la Complutense, en las que revelaba que la propia secretaria de Gómez le llamó a su móvil para citarle en la Moncloa y hablar de la polémica Cátedra, han llevado al juez a citar ahora como testigo a Pedro Sánchez. Máxime, después de que el que fuera el máximo responsable de Relaciones Institucionales de la universidad, Juan Carlos Doadrio, destapase la orden que recibió tras aquella reunion: "Tienes que hacer una Cátedra para la mujer del presidente".
El hermano del presidente
Sin embargo, las sospechas sobre la familia de Pedro Sánchez no se ciñen a su esposa. El pasado mes de junio, un juzgado de Badajoz abría diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, por por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. La denuncia interpuesta por Manos Limpias pone sobre la mesa las numerosas irregularidades relacionadas con su contratación como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz en 2017, cargo que después se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Según la acusación, el hermano de Pedro Sánchez estaría recibiendo más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar y se habría trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España. Todo ello a pesar de que Hacienda deja claro que, con independencia del lugar de residencia, si la fuente principal de sus ingresos está en nuestro país, está obligado a presentar aquí la declaración de la Renta.
A ello se suman las dudas que despierta su elevado patrimonio, ya que, según su propia declaración de bienes, superaría los dos millones de euros, una cantidad que no se corresponde con su salario y que, tal y como advirtió Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria, ya debería haber activado una inspección de Hacienda.
Polémicas internacionales
Aunque este caso aún no ha traspasado fronteras, de lo que sí se ha hecho eco toda la prensa extranjera es de la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, lo que ha contribuido a deteriorar aún más si cabe la imagen de España, tras un año en el que el líder del PSOE ha protagonizado numerosas polémicas internacionales.
La más llamativa ha sido probablemente la crisis diplomática abierta con Argentina después de que el ministro Óscar Puente asegurase que su presidente, Javier Milei, consumía drogas. Tras la reacción de este llamando "corrupta" a Begoña Gómez, Sánchez decidió retirar al embajador español en Argetina, puesto que aún hoy sigue vacante.
A tal espectáculo se suma el reconocimiento del Estado palestino al margen de la Unión Europea o el vídeo en el que el PSOE llamó fascista a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, un insulto que recuerda al que el pasado mes de diciembre Sánchez profirió al presidente del PPE, el alemán Manbred Weber, al que llegó a llamar nazi en el Parlamento Europeo.