Nunca en la historia de la democracia un presidente del Gobierno se había atrevido a negociar el futuro de la Nación con un prófugo de la Justicia, perseguido precisamente por tratar de subvertir el orden constitucional de manera violenta y organizada desde una posición de poder. Sánchez lo está haciendo y, para mayor humillación, en un país ajeno a la Unión Europea, lo que adquiere un mayor significado tratándose del presidente de turno de la UE.
Hace pocos días, el mismo Sánchez que arrastra la dignidad de España ante un delincuente para merecer su apoyo, censuraba a Israel por no estar cumpliendo debidamente, según su retorcido juicio, con la legalidad internacional. ¿Cómo hay que calificarlo entonces a él, que manda a su partido a reunirse en el extranjero con un prófugo, para negociar la autodeterminación de una de las regiones como si Cataluña fuera una colonia? Más aún: ¿a qué simas de inmundicia política hay que descender para aceptar la "verificación" por agentes ocultos de un acuerdo del que va a depender la integridad territorial de España y su régimen legal?
Pero el pacto que Santos Cerdán va a negociar en representación del PSOE con Puigdemont incluye también el socavamiento definitivo de las finanzas españolas, que a partir de ahora estarán dedicadas a satisfacer las necesidades de gasto de los gobernantes separatistas catalanes, convertidos por tradición en la clase política más corrupta de Europa. Porque de eso va el concierto económico que el PSOE y Junts negocian en Suiza, de permitir a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos en detrimento del resto de regiones a las que, además, se las obligará a pagar a la Generalidad catalana una especie de impuesto revolucionario en forma de quitas de deuda e inversiones extraordinarias, negociadas bilateralmente en régimen de igualdad.
Y todo esto tiene lugar de manera absolutamente opaca, con la intermediación de un verificador internacional y, para mayor escarnio, en el extranjero, entre otras cosas porque si las conversaciones se llevaran a cabo en España, uno de los interlocutores sería inmediatamente detenido. La degradación institucional de la democracia española sufre así uno de los golpes más severos, de los muchos que le ha asestado Sánchez desde que llegó al poder.
Pero no cabe atribuir enteramente a un megalómano descontrolado la responsabilidad de este ultraje nacional. Detrás de él hay un partido de Gobierno como el PSOE, que ha pasado de participar decisivamente en la necesaria alternancia política que requiere toda democracia a convertirse en una organización vicaria del sanchismo, cuyos integrantes compiten por prolongar su aplauso a todas las humillaciones que Sánchez está provocando al pueblo español.