Las acusaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que en Madrid se fomenta una especie de nacionalismo "al grito de que Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba" no fueron el desahogo grosero de una ministra fruto de su proverbial tosquedad, sino el anticipo de una operación diseñada en La Moncloa para castigar al gobierno de la Comunidad de Madrid y, por extensión, a los ciudadanos de la región que lidera con pujanza creciente la economía española.
Dos son los grandes ejes de esta ofensiva sanchista contra el Gobierno de Díaz Ayuso, con la que el Ejecutivo social-comunista pretende socavar la independencia fiscal y financiera de Madrid y maniatar a la comunidad autónoma en su política exitosa de continuas reducciones de impuestos. Por una parte, la propia Montero se encargó de adelantar las intenciones del Gobierno de avocarse las competencias fiscales de las autonomías del régimen común (todas excepto País Vasco, Navarra y, próximamente, también Cataluña) con el pretexto de armonizar los tipos impositivos de figuras como Patrimonio y Sucesiones. Bajo ese eufemismo se esconde la intención de impedir que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, sigan paliando la doble imposición a través de una política de sana reducción fiscal, que ha convertido a estas comunidades en el destino de no pocos contribuyentes para evitar el sablazo de las regiones gobernadas por nacionalistas y socialistas. Es lo que ya ocurrió en la legislatura pasada con la tasa por Patrimonio, convertida en un impuesto estatal para evitar las bonificaciones aplicadas por Madrid a todos sus contribuyentes.
Pero esta "armonización" anunciada por el Gobierno va, en realidad, mucho más allá. Lo veremos cuando se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica, entre cuyos principios estará (María Jesús Montero ya lo ha anunciado) equiparar todas las figuras impositivas cedidas por el Estado a las comunidades autónomas, para que ningún gobierno regional pueda paliar los efectos negativos de su aplicación autorizando las correspondientes deducciones.
La otra gran pata de esta ofensiva sanchista la dio a conocer recientemente Juan Lobato, el líder del PSOE madrileño, cuya lealtad probada no se dirige a los ciudadanos a los que representa, sino al Ejecutivo que pretende castigarlos para desgastar al Gobierno de Madrid. Lo que hará Sánchez a partir del año próximo, según Lobato, será limitar la autonomía presupuestaria de las regiones más exitosas, a las que castigará si no alcanzan un determinado nivel de gasto público en determinados servicios. De esta manera, las comunidades con los servicios más eficientes como Madrid verán reducidos los ingresos estatales a los que tienen derecho en beneficio de aquellas comunidades con una gestión ruinosa, a las que se premiará con mayores aportaciones presupuestarias.
Y mientras el Gobierno y sus lacayos regionales tratan de explicar que todo se debe a un afán normalizador que evite agravios comparativos entre comunidades, Sánchez se aviene a negociar con Cataluña todo un catálogo de concesiones que tira por tierra ese pretendido argumento en favor de la igualdad de todos los ciudadanos españoles. De hecho, lo que negocian los socialistas con Puigdemont es un acuerdo bilateral de largo alcance al margen del resto de comunidades del régimen común, lo que convertirá a Cataluña en otra comunidad privilegiada al mismo nivel que el País Vasco y Navarra.
Sánchez necesita dinero para comprar el apoyo de los separatistas catalanes y por eso va a "normalizar" nuestro bolsillo; especialmente el de los contribuyentes madrileños, que el PSOE va a convertir en los principales financiadores del separatismo catalán.