Lo del mercado laboral en España es un drama y no de ahora, sino de tiempo atrás. De ahí que sorprenda tanto el triunfalismo del Gobierno tras el cierre de 2023. PSOE y Sumar se vanaglorian de que la economía nacional registró el pasado año 130.000 parados menos y casi 540.000 afiliados más a la Seguridad Social. Sin embargo, ambos datos, siendo positivos, ocultan el verdadero drama del mercado de trabajo.
Para empezar, porque la creación de empleo se está ralentizando de forma sustancial. La generación de nuevos puestos de trabajo se concentró en la primera mitad de 2023 y el actual ritmo, de apenas el 2,7% interanual, es muy inferior al registrado en 2022. Además, el pasado diciembre fue el segundo peor mes de toda la década en cuanto a reducción del paro, quitando 2020, en plena pandemia.
El problema, pese a todo, no radica tanto en si el mercado laboral evoluciona mejor o peor, sino en la imposibilidad de mejorar sustancialmente las cifras de paro. España lidera desde hace años la tasa de desempleo, tanto a nivel de la OCDE como de la UE. Y lo trágico es que el país, junto con los líderes políticos, parece haberse acostumbrado a sufrir un paro estructural superior al 10%. Y todo ello sin contar el maquillaje estadístico derivado de los fijos discontinuos que no trabajan, que suman otros 500.000 parados.
Si al paro y a la elevada precariedad laboral se le suma, además, la baja productividad de la economía española, el resultado es una combinación de poco empleo y sueldos bajos en comparación con el resto de países europeos. No es de extrañar, por tanto, que España se esté distanciando cada vez más de la renta media de la UE, dado que ya representa apenas el 85%, al tiempo que un número cada vez mayor de jóvenes cualificados optan por emigrar en busca de un futuro mejor.
La desorbitada subida del salario mínimo interprofesional, el histórico aumento de impuestos y cotizaciones y la mayor rigidez laboral que ha puesto en marcha la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la pasada legislatura agravará, aún más, los problemas laborales que padece el país. Pero eso es, justamente, lo que busca la izquierda española: que trabajar sea cada vez más difícil y no salga a cuenta para, a cambio, seguir incrementando el porcentaje de población que depende una paguita pública para subsistir.
Mientras se encarece la contratación a las empresas y se eleva la carga fiscal a los contribuyentes, el Gobierno aumenta prestaciones y subsidios para extender su particular red clientelar, a imagen y semejanza del peronismo argentino. Ésta y no otra es la razón por la que muchos sectores no encuentran personal para trabajar, pese a que el número oficial de parados ronda los 2,7 millones.
España necesita un drástico cambio de rumbo en materia laboral, consistente en una total liberalización y flexibilización de las condiciones entre empleador y empleado, al tiempo que se reducen las cargas fiscales y se reforman en profundidad las políticas activas de empleo para recolocar de forma efectiva a los parados. Por desgracia, nada de esto está hoy en la agenda pública y, por tanto, el mercado laboral español seguirá a la cola del mundo desarrollado.