Al Gobierno de Pedro Sánchez le da absolutamente igual que las competencias en materia de inmigración y extranjería sean exclusivas del Estado. De ahí la falta de reparos y escrúpulos a la hora de ceder a los chantajes del prófugo Carles Puigdemont, líder de un partido supremacista, xenófobo y racista que pretende hacer del caos en las políticas migratorias una baza electoral en su pugna con ERC, formación igualmente supremacista, xenófoba y racista. Esas características vienen de serie en los orígenes del catalanismo y los ejemplos en ambos partidos son abundantes. Del hombre andaluz "poco hecho" de Pujol a la mayor conexión genética de los catalanes con los franceses que con el resto de españoles, mentira propalada sin sonrojo por Junqueras. Por no hablar de las "bestias con forma humana" de Torra para referirse a los catalanes hispanohablantes.
Los partidos independentistas expresan sin recato posiciones extremas en materia de inmigración, pero eso no ha sido obstáculo para que el Gobierno haya decidido pagar una triste abstención de Junts con la cesión de unas atribuciones que según el partido del prófugo incluyen la documentación de extranjería, la expedición de permisos de residencia, las expulsiones, el control de las fronteras y decisión sobre el reparto de los llamados flujos migratorios, entre otras muchas cuestiones que además implican la desaparición de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Es decir, que se entregan a los independentistas catalanes las herramientas imprescindibles para utilizar el fenómeno de la inmigración en beneficio de sus planes separatistas y a sus delirios racistas.
La pavorosa frivolidad del Gobierno se expresa en las majaderías proferidas por su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para justificar el dislate de ceder las competencias de inmigración a la Generalidad catalana. La primera ha señalado que dichas competencias están a disposición de las comunidades que las soliciten en una nueva versión del "café para todos" mientras que el segundo trata de restar importancia al traspaso con el falaz argumento de que es la Unión Europea quien dicta la política de inmigración. Tales palabras evidencian la terrible degradación del Gobierno de Sánchez, capaz de entregar porciones no precisamente menores del Estado a quienes pretenden destruir el Estado sólo para aguantar en Moncloa hasta la próxima votación.
Cabe destacar, además, que tanto Junts como ERC contemplan con preocupación la irrupción en la escena electoral catalana de un partido como "Aliança Catalana", formación separatista de extrema derecha que se ha hecho con la alcaldía de Ripoll, localidad de diez mil habitantes de la que salió la célula islamista que atentó en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Esa ciudad refleja el profundo fracaso de las mal llamadas políticas de acogida e integración practicadas por la Generalidad desde Pujol hasta Aragonès. Pero como es obvio la preocupación de Junts y ERC no guarda relación con la retórica sobre inmigración e islamismo de "Aliança Catalana", sino con el boquete en términos electorales que les puede provocar una formación cuyo principal estratega, dicho sea de paso, es un primo de Aragonès, Jordi Aragonès.
El traspaso de inmigración a la Generalidad agudiza y acrecienta el riesgo de ruptura al tiempo que refuerza las tesis separatistas sobre la condición de ciudadanos de segunda de los castellanohablantes, puesto que para Junts y ERC tan extranjero e inmigrante es un ciudadano del resto de España que el procedente de otros países.