¡Basta! Hasta aquí ha llegado el campo europeo, harto de regulaciones y prohibiciones que le impiden competir. La nueva Política Agraria Común (PAC) se ha convertido en una losa insoportable para agricultores y ganaderos, ya que ahora la UE también les obliga a cumplir determinados objetivos climáticos, bajo la siempre manida excusa de combatir el calentamiento global.
Las protestas contra las políticas verdes se han extendido a lo largo y ancho del continente en los últimos días, incluida España, pero el problema de fondo viene de lejos. El sector primario ya no aguanta más y está dispuesto a dar la batalla. Este nuevo conflicto tiene su origen en la PAC 2023-2027, que apenas lleva un año en vigor, tras vincularlo al denominado Pacto Verde europeo.
El desnortado y ruinoso ecologismo que se ha instaurado en Bruselas, con el apoyo de casi todos los estados miembro, ya no sólo persigue los combustibles fósiles, el transporte o la industria pesada en su particular guerra contra el cambio climático, sino que ahora también va a por la explotaciones agrarias y ganaderas.
La nueva PAC impone la consecución de objetivos medioambientales concretos para reducir las emisiones de las granjas. Y eso se traduce en nuevas prácticas de cultivos, menos rentables y productivas, junto con la prohibición de ciertos pesticidas y elevadas condiciones fitosanitarias, más impuestos y más burocracia. En definitiva, un sustancial aumento de los costes en la producción de alimentos que ni siquiera sale a cuenta con el colosal reparto de subvenciones por parte de Europa.
Si a esto se añade que las importaciones de terceros países no se ven sometidos a todas estas exigencias, en medio de una negociación clave para facilitar el comercio con América, es evidente que el campo europeo está herido de muerte debido a la pérdida de competitividad. Pero el culpable, en este caso, no son los productores de terceros países, sino Bruselas y todos los gobiernos cómplices que han sacrificado un sector clave de la economía ante el altar de la eco-religión.
La PAC es un veneno desde el mismo momento que nació, allá por los años 60, puesto que se trata de un modelo al más puro estilo de planificación socialista, en el que los políticos, a cambio de otorgar generosas subvenciones y ayudas, determinan qué, cuánto y cómo producir a agricultores y ganaderos. Pero es que ahora, además, se introducen asfixiantes regulaciones ambientales, lastrando aún más la ya escasa rentabilidad de las granjas. El exceso de burocracia y la elevación de costes está llevando a la ruina a miles de explotaciones, que se ven incapaces de competir con los productos que llegan de fuera.
De ahí las protestas que se vienen sucediendo por medio continente. Y, si bien los manifestantes aciertan en el diagnóstico, que no es otro que la nueva PAC y las políticas verdes de la UE, fallan estrepitosamente en la solución. Lo que deberían exigir los agricultores a Bruselas no es que extienda esa absurda maraña normativa a sus competidores extranjeros, sino su simple y llana eliminación. Lo único que debe primar en el sector de la alimentación es la seguridad de los consumidores. Y el resto no son más que excusas para matar el campo, al tiempo que imponen barreras al comercio.
Europa debe acabar con la PAC, debe poner fin al alarmismo climático y sus políticas verdes y apostar por la liberalización del campo, única receta posible para aumentar su productividad, su competitividad y su rentabilidad. En caso contrario, el ecologismo se cobrará ahora su penúltima víctima y, una vez más, lo pagarán empresarios y consumidores.