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La oferta a Puigdemont de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal divide al gobierno

Semejante reforma de la Lecrim, destinada a tranquilizar a Puigdemont, más que una modificación legislativa, constituye un auténtico fraude de ley.

Ya resulta nauseabundo que Sánchez se haya ofrecido a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para acotar las investigaciones judiciales a cambio de que Junts apruebe la ley de amnistía que Puigdemont no considera suficiente por no borrar también los delitos de terrorismo y de traición por los que el golpista prófugo también está siendo investigado. Para empezar, semejante reforma, destinada a tranquilizar a fugitivos de la justicia, más que una modificación legislativa, constituye un auténtico fraude de ley. Y no sólo por su finalidad sino también por el procedimiento. El hecho de que esta reforma de la Lecrim persiga que sea el fiscal, y no el juez, quien tenga a partir de ahora la llave de la duración de los procesos penales es tanto como permitir que un órgano jerárquico, que depende directamente del presidente del gobierno, sea el único autorizado para prorrogar la instrucción de un caso. Dicho de otro modo, de prosperar esa reforma, el gobierno podría, a través de la Fiscalía, mantener como investigados a sus adversarios políticos tanto tiempo como quisiera, mientras que podría limitar temporalmente la investigación de sus socios o aliados aun cuando el juez de instrucción fuese favorable de prorrogarla.

Lo más surrealista de todo es que semejante propuesta, completamente inconstitucional, completamente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva y propia de una república bananera, no termina de convencer a los de Puigdemont que a lo que siguen aspirando es que la ley de amnistía directamente incluya también los casos de terrorismo y traición. Para colmo, los socios de Gobierno, tanto los de Sumar como Podemos, no están por la labor de apoyar esta reforma de la Lecrim que va en contra de otra que el Gobierno emprendió en 2020 en dirección opuesta para ampliar los plazos de instrucción para luchar "contra la corrupción". A los cuatro votos de Podemos se le suma ahora Sumar que, por boca de la vicepresidenta Yolanda Díaz, también anuncia su oposición.

Así las cosas, a Pedro Sánchez se le está poniendo las cosas cada vez más difíciles para sacar adelante una ley de amnistía sin la cual no va a tener apoyos para poder gobernar. Está por ver, en cualquier caso, algo tan sumamente surrealista como que la ley de amnistía, diseñada para contentar a los golpistas, no saliera finalmente adelante por la oposición de los golpistas a la que está destinada. Y aun más lejos de ver que, por ese motivo, Sánchez convoque elecciones anticipadas.

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