El asesinato de dos guardias civiles por los narcotraficantes que operan en la costa de Cádiz ha puesto de relieve la falta de operatividad (intencionada o no) de nuestras fuerzas policiales para combatir con garantías a unas mafias que se han enseñoreado de buena parte del litoral andaluz.
Una de las primeras reformas que ha de emprenderse es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al objeto de que sea la Audiencia Nacional la que impulse las investigaciones y otorgue soporte jurídico a los agentes y autoridades que luchan contra las bandas de narcotraficantes que introducen su mercancía por las costas de Andalucía. Acierta plenamente Núñez Feijóo al exigir esta reforma legal para que sea la Audiencia Nacional la que juzgue este tipo de delitos, por ser el organismo que cuenta con los "medios, experiencia y recursos en caso de terrorismo y contra la delincuencia organizada". No tiene sentido tener un alto órgano judicial especializado en delitos organizados, si no puede encargarse de investigar las vastas redes del narcotráfico que han convertido las costas del sur en el puerto de llegada perfecto para introducir sus alijos en Europa.
El Gobierno ha de dar cuenta también con la máxima urgencia de los motivos que llevaron al execrable ministro del Interior a desmantelar la unidad que coordinaba las actuaciones contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz. En lugar de intoxicar en sus medios afines esparciendo sospechas sin prueba alguna, Marlaska debe comparecer y dar cuenta de una decisión que ha debilitado dramáticamente las condiciones en las que luchan nuestros agentes, como hemos visto desgraciadamente hace tan solo unos días.
Y, como cada vez que se ven comprometidos los intereses nacionales en el sur de nuestro país, también en este asunto sobrevuela la sombra ominosa de Marruecos, el país del que proceden las mayores redes de tráfico de hachís que llega a Andalucía. Desde que se hizo público el espionaje de los teléfonos móviles de Sánchez y sus principales ministros, del que Marruecos es el principal sospechoso, lo cierto es que la política del Gobierno social-comunista ha ido siempre dirigida a debilitar nuestra posición y beneficiar los intereses del régimen alauita. La contumacia de este tipo de decisiones y sus trágicas consecuencias, como el doble crimen de Barbate, exigen clarificar qué relaciones mantiene realmente Sánchez con Marruecos y hasta qué punto están influyendo en sus decisiones desde que se conoció que su teléfono móvil había sido espiado.