El acuerdo del PSOE con el partido de Puigdemont sobre la redacción de los artículos clave de la ley de amnistía y su aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados han supuesto un doble balón de oxígeno para Sánchez, que estaba al borde de la asfixia política como consecuencia del Caso Koldo y sus ramificaciones en el entorno personal del propio presidente del Gobierno.
Superado ese trance, Sánchez se dispone a garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, actualmente prorrogados, lo que le permitiría encarrilar una primera mitad de la actual legislatura con cierta tranquilidad. De hecho, los socialistas son optimistas y confían en agotar completamente la legislatura, convencidos de que, una vez desaparecido el escollo de la amnistía, seguirán contando con el apoyo del partido del prófugo hasta 2027.
Hay en este planteamiento, sin embargo, dos grandes dificultades para las que no van a ser suficientes ni la acreditada falta de escrúpulos de Sánchez ni la actitud lanar del PSOE, convertido en el felpudo político de un personaje llamado a destruirlo desde su mismo vértice.
En primer lugar, las cuentas públicas solo contarán con los apoyos de los socios separatistas de Sánchez si consiguen hacerse con una parte de la riqueza de la Nación aún mayor de la que ya disfrutan. El mantenimiento del tramposo cupo vasco y la voracidad insolidaria del separatismo catalán forzarán al Gobierno a una serie adicional de concesiones en contra del resto de comunidades autónomas, incluidas las que todavía quedan en manos de los socialistas como Aragón o Castilla-La Mancha. Barones como García-Page tendrían muy difícil explicar a sus militantes y ciudadanos esta nueva traición de su partido, que ya no se limitaría a los grandes temas de la política nacional, sino que afectaría directamente al bolsillo sus votantes, convertidos por el PSOE en ciudadanos de segunda.
Pero es que ni siquiera así tendría Sánchez garantizado el apoyo de los siete diputados de Puigdemont para toda la legislatura. No hay que olvidar que Junts y ERC ya han manifestado abiertamente que la amnistía no es una estación de término sino un paso más hacia el verdadero objetivo de toda la operación separatista, que no es otro que la celebración de un referéndum vinculante para la autodeterminación de Cataluña. Sánchez puede estar dispuesto a hacer esa nueva concesión (a pesar de sus juramentos y los de sus ministros de que algo así jamás ocurriría, como hicieron con la ley de amnistía), pero el mero planteamiento de una negociación en torno a ese objetivo provocaría al Gobierno y al PSOE un desgaste sin precedentes que, más tarde o más temprano, acabaría haciendo implosión.
Sánchez va a intentar cobrarle a Puigdemont la ley de amnistía con los siete votos de Junts para aprobar los presupuestos de 2024. Pero la tramitación de esa ley contará con la oposición frontal del Senado, donde la oposición tiene mayoría absoluta, lo que dilatará su aprobación varios meses. Tal vez los suficientes para que los delincuentes del proceso separatista a los que Sánchez quiere amnistiar se convenzan de que, en un Estado de Derecho, las leyes inconstitucionales como la de amnistía nunca se van a aplicar.