Después de la pésima campaña de las elecciones del 23 de julio, resulta que aterrizó en el bancal de Génova, 13 una nave con vida inteligente. Esta cabeza por ahora innominada "descubrió" en la Constitución que, a diferencia de los proyectos del Gobierno, en las proposiciones de ley, que es como se tramita la amnistía para obviar los informes de los órganos constitucionales, el Senado no tiene por qué someterse a la urgencia apreciada por el Congreso. Es lo que ha permitido ampliar en la Cámara Alta, reforma del Reglamento mediante, el plazo de tramitación y pasar de los acelerados veinte días a los más pausados dos meses.
Ahora es de suponer que esa misma cabeza ha descubierto que el informe de los letrados del Senado, al hablar de reforma constitucional encubierta, plantea la posibilidad de que exista un conflicto competencial pues, si el Congreso tramita una reforma constitucional sin las debidas garantías, no sólo será inconstitucional la ley que surja, sino que en la tramitación habrá invadido las competencias del Senado al no permitir que la reforma se tramite como lo que es, una reforma constitucional, reduciéndola a una proposición de ley orgánica. Entre otras cosas, la reforma constitucional más sencilla, la que no afecta al núcleo duro de la Constitución, exige mayoría de tres quintos de ambas cámaras o mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso. Ni que decir tiene que, si la ley de amnistía se hubiera tramitado como reforma constitucional, algo que por otra parte ha recomendado la Comisión de Venecia en ese informe que el Gobierno considera tan favorable a sus planteamientos, no tendría ninguna posibilidad de ser aprobada con la actual composición de las cámaras.
En consecuencia, el informe de los letrados da pie a plantear la invasión de competencias del Senado por parte del Congreso al pretender la Cámara Baja colar una reforma constitucional con tan sólo las mayorías exigidas para las leyes orgánicas. Evidentemente, si hay o no invasión lo decidirá el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, que ya se puede adivinar lo que dirá, pero de momento los plazos se alargan porque, mientras se tramita el conflicto de competencias, han de entenderse suspendidos los dos meses de tramitación de la ley en el Senado. ¿Cuánto tiempo? No mucho, unas semanas si Congreso y Tribunal Constitucional se dan mucha prisa, pero en todo caso serán las suficientes como para retrasar, quien sabe si decisivamente, la amnistía y conseguir que Puigdemont no pueda ser investido presidente. La única forma que tiene Pumpido de evitarlo es inadmitiendo a trámite el recurso del Senado por carecer palmariamente de fundamento, algo que sin embargo no puede hacer a la vista del informe de los letrados de la cámara, con los que quizá no esté de acuerdo, pero cuya opinión no puede considerar abiertamente infundada.
En este ambiente deletéreo donde el Gobierno vende impunidad penal a cambio del poder son muchas las malas noticias y muy escasas las buenas. Pero ésta de hoy es de las pocas buenas. Esperemos que sea parte de una racha y no una golondrina aislada, de esas que no hacen primavera.