En España ni los títulos de los libros se escriben en libertad. Ejemplo: El camino hacia la dictadura de Sánchez, de Federico Jiménez Losantos, está puesto para precaverse de una posible querella de carácter penal. ¿Camino? Falso. Todo el libro es una exposición detallada, un acta casi notarial, de los desmanes sanchistas contra la democracia. Apenas se le escapa al autor, desde 2017 hasta hoy, una acción de Sánchez que no conduzca a un régimen político dictatorial. Sospecho que algunos de los asuntos tratados por Jiménez Losantos a la llegada de Sánchez al poder, hoy, no podría escribirlos con la misma libertad que lo hizo entonces. No escribimos ya, en 2024, con prudencia sino con miedo. Ese angustioso y largo escalofrío del alma, que no otra cosa es el miedo, nos impide expresarnos y actuar con plena libertad.
También yo inicio esta columna tomando alguna precaución. Escribo entre exclamaciones su título ¡La dictadura de Sánchez! Es solo una prueba del canguelo de quienes escriben en España a favor de la democracia, es decir, de un sistema político que diferencia de modo claro y distinto el ámbito de actuación del poder político del orden jurídico. El sistema democrático español está dando, se mire por donde se mire, sus últimos suspiros. Su lugar está ocupándolo, sin duda alguna, un régimen de carácter totalitario, o sea, no hay espacio público, político o no político, que no esté determinado por el partido sanchista. Independientemente de la falta de autonomía moral e intelectual, y por supuesto de carencia de dignidad para ocupar esas magistraturas, los altos cargos del Estado están sometidos a la presión constante del gobierno de Sánchez. En España cada vez existen menos diferencias entre el mundo del saber, del poder y del derecho. Es todo un síntoma de nuestro totalitario devenir político, judicial e intelectual. Provoca pavor.
Es cierto que todavía resiste el llamado Poder Judicial. Aún no ha sido controlado del todo por el Ejecutivo sanchista. ¿Cuánto durará esa resistencia? Nadie lo sabe. Mientras tanto, hagamos de sus fortalezas, de sus luchas contra las miserias impuestas por el sanchismo, una ilusión democrática. Es duro, pero no queda otra que hacer de la resistencia del Consejo General del Poder Judicial un baluarte de entusiasmo democrático. Subrayo las palabras ilusión y entusiasmo, porque nadie debería olvidar que una ley, por llamarle algo, sanchista impide que el propio CGPJ, mientras esté en funciones, ejerza una de sus principales tareas, a saber, nombrar jueces, vamos la de gobernar el ámbito de la justicia. Existe, sí, el CGPJ, pero Sánchez lo tiene inutilizado.
Si alguien es incapaz de ver en esa ley sanchista una imposición dictatorial, es que carece de inteligencia y corazón. Es tan aberrante como imaginar a Sánchez, en la época que estuvo en funciones en la presidencia del Gobierno, sin poder hacer nombramientos, o sea, sin poder gobernar… Pues eso, exactamente, es lo que ha hecho Sánchez con el CGPJ. El resultado está a la vista de todos: un caos monumental de la Administración de Justicia. Están pendientes de nombramientos cientos de magistrados, especialmente cuarenta y ocho magistrados del Tribunal Supremo, que, en la sala de lo Penal, se podrían convertir en el principal obstáculo de Sánchez para la legalización de al Ley de Amnistía. En esta circunstancia nadie en su sano juicio puede negar lo evidente: vivimos, hace tiempo, en una dictadura. Sobra casuística que demuestra mi afirmación y, naturalmente, faltan argumentos sólidos para justificar que aún vivimos en una democracia a la altura de los países más avanzados de la Unión Europea.