La mejor prueba de que el Gobierno de Sánchez es un cadáver político es su última polémica gratuita: el Real Decreto que ha logrado enfadar a la mayoría de los grandes creadores de contenido audiovisual en redes sociales. No tengo especial simpatía por el gremio de youtubers, influencers y demás, no sigo con asiduidad a ninguno, y en un buen puñado de casos en los que he caído por accidente considero que representan una involución en el desarrollo cerebral de la especie humana. Nada nuevo. Desde los años 90 han sido miles los espacios televisivos que me han producido esa terrible impresión de tratar a la audiencia como un atajo de idiotas. De modo que soy voz autorizada, o más bien liberada por puro desinterés, para criticar la enésima medida intervencionista del sanchismo contra los medios de comunicación y, sobre todo, contra sus aledaños y derivados más independientes, que son estos chavales que se dan un tajo en mitad de la ceja, se compran un par de luces LED y un micro fardón, y se ponen a despotricar de cualquier asunto sin salir de su habitación.
Cierto es que, como parte de una estrategia empresarial, la asociación de grandes televisiones está apoyando la iniciativa, y no por convicción sino por interés. Si ves un Gobierno capaz de hundir a tu competencia sin escrúpulo alguno, lo normal es que aplaudas la iniciativa, porque la elegancia, la ética y los negocios no siempre caminan de la mano. El problema, por tanto, no es de las televisiones que apoyan las trabas a los creadores, sino el Gobierno que se presta al juego, veremos también a cambio de qué, aunque es fácilmente imaginable.
La idea ahora es asfixiarlos condicionando sus fuentes publicitarias de ingresos, con prohibiciones bastante aleatorias que provocarán que muchos caigan en picado, y que otros muchos sigan con su éxodo hacia Andorra y otros lugares donde los que mandan no se dedican a comerse el pan que se ganan los que trabajan con el sudor de su frente.
La limitación de contenidos a eso que llaman "usuarios de especial relevancia", el código de conducta por el que se han de regir, y la amenaza de multas de hasta 750.000 euros, pretende frenar la maquinaria de éxito de un grupo de jóvenes –en su mayoría— que han hecho lo que menos soporta el Gobierno: emplear su talento y su trabajo en solitario, sin ayuda pública alguna, sin corporativismo de respaldo, con total independencia, para enriquecerse, algunos muchísimo, y generar a su alrededor una empresa de éxito.
Lo principal, lo que aterra a Sánchez porque así nos lo ha dicho mil veces esta semana, es la independencia y la libertad de opinión. Hoy no hay nadie más influyente que estos creadores, y no hay nadie menos sometido a controles gubernamentales y presiones políticas que ellos. Lo que cualquier usuario vería como una virtud, el Gobierno lo ve una amenaza. Y por no cerrar directamente los canales que le resultan hostiles, disimulan su censura ocultándolo en una maraña de regulaciones que parecen moverse en el ámbito de la economía, la fiscalidad, y hasta la defensa de los menores. Lo que ocurre es que los usuarios no son idiotas y saben perfectamente lo que el Gobierno está haciendo y por qué. Insisto en que es el paso más estúpido que ha dado Sánchez en toda su andadura, que por otra parte ha estado sobradamente trufada de estupideces.
Más allá de lo ideológico, subyace en la medida también un tufo comunista intragable, que es la obsesión del Gobierno por igualarnos en la pobreza. Dentro del analfabetismo que caracteriza a los que rigen los destinos de la nación, siguen pensando que la existencia de ricos causa la existencia de pobres, y a mi me da hasta pereza explicarles otra vez lo idiota que resulta el planteamiento. Los ricos están bien, los trabajadores deben poder ganar dinero con alegría en función de lo que generen. Y el Gobierno está mucho más guapo cuando mete las manos en sus malditos bolsillos.
Por último, en cuanto a la protección de los menores, nada de esto era necesario, ya estaba de sobra regulado, y en todo caso, conociendo el tipo de gente que se sienta en el Consejo de Ministros, lo que la mayoría de los padres desean no es que el Gobierno proteja a sus hijos a través de alguien, sino que alguien proteja a sus hijos del Gobierno. Pero claro, tu miras a la cara a María Jesús Montero, a Yolanda, o a José Luis Escrivá, y comprendes que es imposible que lo puedan entender.