Mi sensación, ante la manifestación del ministro Carlos Cuerpo de que él tenía la última palabra, fue de desazón. Vino a mi mente que, la última palabra, fue la séptima de Cristo en la cruz, momentos antes de morir, exclamando: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" [Lc 23:46]. Expresión, que existía desde diez siglos antes, en el primer libro del Salterio [Salmo 30:6], según recopilación atribuida al Rey David (1010-970, a.d.C.).
Pero no, la última palabra del ministro de Economía, era la clave para autorizar o denegar una operación mercantil, de carácter financiero, entre particulares –la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell– con independencia de los informes de entidades independientes como el Banco de España (BE), el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)… lo que significa que los interesados en la operación, están en manos del gobierno.
Y, hablamos de BBVA y Banco Sabadell pero, detrás de esos dos nombres, hay cientos de miles de accionistas que han comprometido sus capitales y que son los verdaderamente interesados en la bondad y resultado de la operación –solvencia de la entidad resultante, garantía de los derechos de los propietarios (accionistas), y fortaleza de la entidad futura en el marco financiero global–. A tales garantías tienden los referidos informes independientes.
¿Qué papel juega el señor ministro? Ya lo sé, tiene la última palabra, y de ahí puede venir el problema. Su intervención procede de la Ley 10/2014, de 26 de junio, del presidente Rajoy, aunque impregnada hoy de sanchismo, por su reforma del 29 de junio de 2023.
Su papel, dice el ministro, es garantizar la competencia, que se vería amenazada por la transacción proyectada. ¡Un ministro socialista preocupado por la competencia! ya era hora porque, hace poco, su colega señor Puente pedía sancionar a OUIGO por vender billetes más baratos, abusando de la competencia. Para su intervención, la mencionada Ley regulatoria, precisa de 144 páginas del B.O.E. en las que el administrado cuenta muy poco o nada.
Por lo visto, el ministro Cuerpo, se sentía feliz cuando, en 2009, había en España 55 entidades bancarias, débiles e ineficientes, que quedaron en diez, por ahora. Ese mapa financiero, altamente regulado, era cualquier cosa menos un mercado en libre competencia.
El número, como tal, es poco indicativo. Hasta si llegara a constituirse un monopolio de hecho, por una política de precios bajos de un concurrente, aún manteniéndose así, qué problema existe en que los consumidores compren sus productos más baratos. Ninguno, salvo el malhumor del ministro Puente, con los billetes ferroviarios.
Si el monopolista, contrariamente, desaparecidos sus competidores, subiera los precios para obtener beneficios extraordinarios, encontrará nuevos concurrentes atraídos por los beneficios, desvaneciéndose el monopolio; ello, siempre que el mercado esté abierto.
El aldeanismo de pensar en el mercado como dimensión local que precisa protección, transformará, mediante regulación, aquél monopolio de hecho en otro de derecho, que subsistirá, éste sí, a perpetuidad.
¿Pero no lo saben?