Pocas veces se puede reunir en un solo día tantas y tan graves noticias que dejan en evidencia el preocupante deterioro de nuestro Estado de derecho por culpa de un gobierno empecinado en sostenerse gracias a formaciones abiertamente comprometidas con la voladura de nuestro ordenamiento constitucional y de nuestra nación entendida como Estado de derecho.
Por un lado, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha cuestionado de forma radical y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la mal llamada ley de amnistía —el primero y uno de los pocos proyectos legislativos que, a cambio del apoyo de los golpistas a su investidura, Sánchez ha logrado sacar adelante en un año de legislatura— por poner en cuestión "los principios constitucionales y el sistema democrático". Ni que decir tiene que este recurso no es incompatible con las cuestiones prejudiciales que también se puedan plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ya sólo por ser el Tribunal Constitucional de más que dudosa imparcialidad, sino por afectar la Ley de amnistía también al derecho comunitario.
Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo Tribunal Supremo ha declarado este miércoles la nulidad de la ejecución realizada por el Fiscal General del Estado, —léase del gobierno— Álvaro García Ortiz, de la sentencia donde se anuló por primera vez el nombramiento de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Se trata del cuarto varapalo del Tribunal Supremo a las decisiones del Fiscal General del Estado, quien, por su parte, está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de las filtraciones contra la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
A lo anterior hay que añadir que la Comisión Europea ha hecho público su informe sobre el Estado de derecho en España en el que hace suyas las quejas que vienen haciendo las asociaciones judiciales por la degradación de las instituciones en España y el señalamiento continuo desde el poder político. Aunque la compatibilidad de la ley de amnistía con el ordenamiento jurídico europeo no se ha planteado todavía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bruselas recuerda que continúa analizándola y pone de manifiesto que muchos actores han expresado su preocupación, especialmente por su potencial impacto en la lucha contra la corrupción, por su celeridad y falta de consenso. Además, la Comisión, aunque se congratula del desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sigue advirtiendo que España debe hacer más para cumplir con las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía que el mero compromiso de futuro de excluir de la elección del Fiscal General a personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos años.
Si a todo lo anterior añadimos el hecho de que el presidente del Gobierno se encuentra en estos momentos tratando, por un lado, de disimular su citación judicial como testigo en un caso de malversación y trafico de influencias en el que está imputada su esposa, Begoña Gomez, mientras trata de alcanzar un pacto en Cataluña con los golpistas de ERC sobre la base de algo tan radicalmente inconstitucional como es la de otorgar la plena soberanía fiscal a aquella comunidad autónoma que pertenece al régimen común de financiación autonómica, nos podemos hacer idea de la pésima imagen que estamos transmitiendo al mundo en lo que respecta a la separación de poderes, igualdad de todos ante la ley y el respeto del gobierno al Estado de derecho.
Pero ya lo advertimos en su día: con Sánchez no nos enfrentamos a un mero problema de gestión o de permanencia o cambio de gobierno, sino a un cambio de régimen. En eso está y en eso sigue aferrado a la poltrona.