El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha accedido por fin a reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar entre otras cuestiones el colapso de los servicios del archipiélago ante la oleada descontrolada de inmigrantes. Sánchez, que pasa sus vacaciones en Lanzarote, ha tenido tiempo para reunirse con el nuevo presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, de vacaciones también en una isla especialmente concurrida por los socialistas. Allí tiene una propiedad José Luis Rodríguez Zapatero (que todavía no ha reaccionado ante el fraude electoral y las matanzas en Venezuela) y allí también se ha desplazado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no en razón de su cargo sino de vacaciones.
La aparente normalidad vacacional del presidente del Gobierno contrasta con la situación de emergencia que se vive en las Canarias, donde la masiva llegada de inmigrantes ha desbordado su acogida y atención. Los recursos de la comunidad autónoma son notoriamente insuficientes para abordar una situación creada, entre otras razones, por los discursos de la izquierda que operan como efecto llamada. Según los cálculos del propio Gobierno, más de cuarenta mil personas arribaron el año pasado a las Canarias, cuya administración autonómica mantiene bajo su responsabilidad a más de seis mil menores no acompañados. Las cifras de este año serán muy superiores y si el ejecutivo autonómico parece desbordado es culpa de la falta de medios estatales para contener y gestionar una oleada alentada también por los países "emisores".
La crisis migratoria es enorme y resulta del todo injusto e inmoral que el Gobierno de España mire para otro lado como si la situación en el archipiélago fuera de lo más normal. La irresponsabilidad del gabinete que dirige Sánchez, la frivolidad y el buenismo y la falta de medios son circunstancias pavorosas que alimentan un drama al que no se le puede dar la espalda. Las Canarias deben notar el aliento del país del que forman parte a pesar del maltrato del Gobierno de Sánchez y de los peligrosos acercamientos del presidente a Marruecos, que no oculta sus ambiciones territoriales en Ceuta, Melilla y, por supuesto, las islas Canarias.
Que Sánchez haya tardado tanto en dar audiencia a Clavijo no sólo es una muestra de desprecio institucional, sino que revela una displicencia absolutamente lesiva contra los ciudadanos canarios y contra el resto de los españoles. La crisis migratoria que sufre España debería ser una prioridad para el Gobierno de Sánchez, que ha ido de bandazo en bandazo en la materia. Se estrenó con la operación Aquarius (la recepción de un barco con inmigrantes) para después felicitar a las fuerzas policiales marroquíes por la masacre de la valla de Melilla.
Sánchez se dispone ahora a realizar una gira por Mauritania, Gambia y Senegal similar a la que ya realizó hace unos meses. Los fondos destinados a esos países, unos quinientos millones, no sirvieron de gran cosa en lo relativo al control de fronteras, pero hicieron más ricos, eso sí, a los gobernantes y a los modernos traficantes de seres humanos, según denuncian los propios inmigrantes nada más poner pie en suelo español.
El sanchismo carece de política migratoria, opera según el relato del falso progresismo, receta solidaridad pero administra dejación de funciones mientras abandona el control de las fronteras, que es una de las pocas responsabilidades que aún le corresponden a un Estado cada vez más federalizado por Sánchez (y en consecuencia más débil) para satisfacción de sus socios independentistas y de los países del Magreb y subsaharianos.


