Sánchez decretaría gustoso la vuelta de los sindicatos verticales, los tribunales de orden público y el Servicio Nacional de Prensa, éste último para ejercer la labor esencial de eliminar "el fango" en los medios de comunicación. Los digitales, obviamente, quedarán prohibidos, para evitar que estos tabloides envenenen al pueblo español con sus mentiras financiadas por la derecha. Esta revolución informativa no será considerada un ataque a la libertad de información incompatible con la mera esencia de la democracia, sino un primer paso para su regeneración.
Ese es el proyecto de Sánchez en lo que a medios de comunicación se refiere, pero su debilidad parlamentaria, nuestra pertenencia a la Unión Europea y la imposibilidad material de impedir el acceso a publicaciones digitales obligan al Gobierno a llevar a su particular modelo regenerador por otros cauces, más discretos pero igual de efectivos. Se trata de poner en marcha una vasta campaña de competencia desleal utilizando los fondos públicos que las administraciones públicas dedican a publicidad institucional, parte sustancial de los ingresos anuales de cualquier empresa de comunicación en el mundo actual.
El proyecto aprobado ayer en el Consejo de Ministros asegura que "la ciudadanía debe conocer" la publicidad que los poderes públicos contratan con cada medio de comunicación privado. Pero para garantizar ese derecho ciudadano no hacen falta acuerdos de Gobierno ni registros oficiales de medios de comunicación. Basta con que los ciudadanos interpelados por esa necesidad detectada por Sánchez y Bolaños consulten los portales de la transparencia (por cierto, creados por el PP) y ahí tienen todos los contratos y encargos publicitarios de la administración pública española. ¿Cuál es entonces el objetivo real del Gobierno? Pues, naturalmente, construir un pretexto formal para discriminar a los medios incómodos y repartir el dinero público a los más cercanos a la izquierda.
Pero si de lo que se trata es de acusar a los medios opositores (aquí hay que empezar a hablar ya como en Venezuela) de estar recibiendo dinero público a cambio de mentir, vamos todos a llevarnos una sorpresa, porque las empresas de comunicación que trincan más publicidad institucional son, como es natural, las de filiación izquierdista. Además, nos sorprenderemos con las cantidades indecentes de dinero que reciben de las autonomías y ayuntamientos del PP, porque los populares tratan de comprar (inútilmente) el respeto de la prensa de izquierdas con el dinero de los votantes de derechas, todo ello en detrimento de los medios que esta parte del electorado ve, escucha y lee. El escándalo estaría garantizado.
Sería precioso que esta operación para tratar de hundir a los medios de derechas acabara llevándose por delante a los panfletos progresistas, una eventualidad que podría producirse si, finalmente, la campaña de censura sanchista se hace realidad.