El presidente colombiano Gustavo Petro se indigna cuando se afirma que el M-19, grupo armado ilegal al que él perteneció, era en realidad una vulgar banda terrorista al servicio de los carteles del narcotráfico.
Hagamos un poco de historia. A mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando el Estado colombiano estaba en jaque debido a la tremebunda capacidad corruptora de la mafia, Pablo Escobar recurrió a los "servicios" del M-19, organización que tenía la capacidad de llevar a cabo los golpes más espectaculares en las principales ciudades del país.
Escobar no le encomendó cualquier misión a la guerrilla de Petro; necesitaba urgentemente salvar su pellejo. Colombia era —y posiblemente aún lo sea— un Estado fallido. Sus fuerzas armadas eran incapaces de controlar la criminalidad, y la administración de justicia estaba perfectamente neutralizada: los jueces que no se dejaban seducir por los ofrecimientos crematísticos de la mafia aparecían tirados en un descampado con un tiro en la nuca. La fórmula de Pablo Escobar era lapidaria: "plata o plomo".
La Corte Suprema de Justicia deliberaba sobre la procedencia constitucional de la extradición de colombianos a los Estados Unidos. El gobierno, consciente de la atonía del sistema judicial, se inclinó por una solución pragmática: enviar a los narcos a Norteamérica para que allí se encargaran de impartir la justicia que Colombia no podía suministrar.
Todo indicaba que la Corte le daría vía libre a la figura de la extradición, lo que ponía a Escobar en riesgo de terminar su vida encerrado en un deprimente calabozo de una cárcel de máxima seguridad estadounidense.
Confluyeron los talantes sanguinarios del cartel de Medellín y del M-19. Un comando terrorista de la guerrilla de Petro entró al Palacio de Justicia, tomó control del edificio, apresó a los magistrados y demás funcionarios presentes y, cuando tenían todo bajo control, ubicaron los archivos que contenían las causas criminales en contra del capo y les prendieron fuego. Tal era la cantidad de carpetas que las llamas rápidamente se extendieron por todo el edificio. El saldo fue dramático: más de 50 magistrados y trabajadores de la rama judicial perdieron la vida. Los magistrados que discutían el asunto de la extradición fueron ejecutados por los guerrilleros.
Sin lugar a dudas, la toma del Palacio de Justicia es uno de los episodios más escalofriantes de la historia reciente de Colombia.
No fue la única acción de ferocidad y barbarie ejecutada por el M-19. Esa banda instituyó en Colombia los secuestros extorsivos de civiles de todas las edades. Desde bebés recién nacidos hasta ancianos, pasaron por lo que esos psicópatas llamaban "las cárceles del pueblo".
Los guerrilleros de a pie mataban policías como quien aplasta una cucaracha. Escobar les pagaba una fabulosa suma de dinero por cada uniformado asesinado.
Hace 35 años, el M-19 dejó las armas. Hubo que perdonar los crímenes de los miembros de esa banda —incluido Petro— a través de un ignominioso proceso de amnistía e indulto.
La triste historia de horror del M-19 vuelve a ponerse en primer plano gracias a una declaración de Petro en México que ha pasado desapercibida. Emocionado y orgulloso, el presidente de Colombia aseguró que Claudia Sheinbaum fue una "militante y colaboradora del M-19 en México". La guinda del pastel. Comenzamos con que la señora es una furiosa enemiga de España, país del que exige una disculpa por lo ocurrido durante la colonia. Valga decir que el reclamo fue elevado en español y no en náhuatl, la lengua vernácula de los habitantes originales del territorio que hoy es México. Y, por supuesto, vestida a la manera occidental y no cubierta con los harapos que usaban los aborígenes, que, cabe recordar, eran antropófagos.
Y culminamos con la revelación de que la iracunda que servirá de marioneta de AMLO a partir de esta semana, formó parte de una de las bandas terroristas más peligrosas y sanguinarias del hemisferio sur del continente americano.