Veo correr mucha tinta estos días a cuenta del patinazo de los representantes de PP y Vox en la comisión de Justicia del Congreso que aprobó quitar la excepción legal, aprobada en tiempos de Mariano Rajoy, para que los presos etarras no puedan optar a beneficios tales como que el tiempo de condena cumplido en prisiones extranjeras se les descuente aquí. Se comprende el revuelo causado porque es una cuestión sensible, muy sensible. Me gustaría hacer algunas reflexiones sosegadas al respecto.
He ejercido el periodismo político durante treinta años. Me he hartado a "cubrir" sesiones plenarias y en comisión. También he sido durante tres años diputada en el Parlamento catalán. Algo sé de cómo funcionan las tripas de nuestro sistema parlamentario. En todos los grupos, aunque, evidentemente, en unos mejor y en otros peor.
Empecemos por el fondo de la cuestión. El encendido debate sobre este asunto recuerda al que generó la conocida como doctrina Parot, cuyo objetivo declarado era retrasar todo lo posible la excarcelación de etarras. Para ello el Tribunal Supremo estableció en su día que el cálculo de beneficios penitenciarios para los etarras a cuenta de trabajo, estudios, etc, se computara sobre el total de la pena impuesta —que para condenados por asesinatos terroristas puede ser de cientos de años— y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión, que, de acuerdo con el código penal entonces vigente, el de 1973, era de máximo 30 años.
La intención podía ser buena desde el punto de vista de reconocer la excepcionalidad de los crímenes terroristas y mandar a sus víctimas un mensaje de consuelo. Lo malo es que fue una chapuza formidable porque establecía un marco de dos velocidades jurídicas y penitenciarias difícil de sostener en democracia. Algunos etarras recurrieron con éxito a Europa y acabaron siendo excarcelados igual, con escarnio encima. Quedó un mal sabor de boca generalizado: no quedaron contentos ni los partidarios de la mano dura, ni los de lo contrario. La democracia española quedó mal y las víctimas peor.
No es fácil soplar y sorber a la vez. En España tenemos uno de los marcos legales más garantistas del mundo para el reo. Hay quien lo considera incluso exageradamente garantista y atribuye eso a una sobrerreacción ante la herencia ominosa de la dictadura. Sin duda hay miedo a llamar a las cosas por su nombre y no digamos a actuar en consecuencia. Si de verdad se quiere que los culpables de determinados delitos no salgan nunca de la cárcel, entonces hay que dejarse de eufemismos y meter la cadena perpetua en el código penal, donde apenas asoma la patita en forma de "prisión permanente revisable". Todo lo demás tiene la mandíbula de cristal. La cuestión es: ¿queremos eso, con todas las consecuencias?
A mí, personalmente, me estremece que un asesino etarra pueda salir de la cárcel en relativos "pocos" años sin ni siquiera pedir perdón, arrepentirse o ayudar a esclarecer crímenes todavía pendientes de la banda terrorista que se llevó por delante más de 800 vidas. Otros sostendrán que precisamente eso es lo que ayuda a "normalizar" nuestra democracia. Esa fue la tesis con la que algunos que ahora se rasgan las vestiduras no opusieron demasiada resistencia a la legalización de Bildu.
En resumen, o establecemos la cadena perpetua para ciertos delitos —y aun así, eso ya llegaría tarde para los etarras, porque no se les podría aplicar retroactivamente— o asumimos que hay que decir la verdad a las víctimas de ETA y a la sociedad: algún día van a salir todos los asesinos etarras de la cárcel. Del mismo modo que ha prescrito el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y han decaído todas las nuevas demandas y querellas contra los implicados. Si los deberes no se hacen a tiempo, si simplemente se espera que llegue el día en que alguien como Henri Parot o Txapote cumplen su condena para "despertarse", ¿qué otra cosa esperamos? Los pros y contras de todo ello deben sopesarse cuidadosamente. Tanto en el ámbito penal como en el político.
Eso por lo que respecta al fondo de la cuestión. Por lo que respecta a la forma: a mí no me ha sorprendido demasiado, por desgracia, que a un puñado de diputados, con buena formación en leyes encima, les hayan podido "colar un gol". No me ha sorprendido porque sé cómo funcionan los grupos parlamentarios. Todos ellos.
Es verdad que hay quien se embolsa un suculento sueldo público por calentar el escaño, darle al botón y no pensar demasiado. Ni leer antes de votar. Pasa en las mejores familias. Excusas no hay. Un diputado es como un maestro de escuela. El que se lo toma en serio y trabaja, por bien pagado que esté, no le pagan lo que se dedica. El que no quiere dar palo y sólo se preocupa de hacer "pasillos" y "despachos", de hacer la pelota y lo que le mandan, se lo lleva muerto y todo lo que gastemos en su retribución es excesivo.
En todos los grupos hay jerarquías, hay asesorías técnicas, hay letra grande y pequeña. Yo recuerdo que cuando era diputada intentaba leérmelo todo. Será porque al ser periodista no me fiaba de nada ni de nadie. Más de una vez detecté cosas que a otros se les habían pasado. También se me pasaron cosas a mí que detectaron otros. Pero en el fondo está todo inventado. No hay otra manera de minimizar disgustos que con trabajo, trabajo y más trabajo. A veces no hace falta saber tanto de leyes como de sentido común.
También es verdad que yo tenía la "ventaja" de estar en un grupo parlamentario pequeño, con menos recursos que otros y más autogestión. En los grupos grandes, el peligro es que el de arriba piense que el de abajo está por la labor, mientras el de abajo da por hecho que los de arriba ya han hablado y validado todo entre ellos. Y los unos por los otros, la casa sin barrer.
Es triste haber llegado a un punto en que el parlamentarismo pueda entenderse como una competición de trileros. En que uno trata de "colar" en la letra pequeña cosas que no pasarían el filtro de la grande. Ahora se habla mucho de un caso concreto, pero podríamos citar otros. Como cuando la ley ELA de Ciudadanos fue aprobada por unanimidad de todos los grupos del Congreso, pero luego bloqueada hasta el decaimiento por una torticera prolongación hasta el infinito del plazo de enmiendas. Cuando los indepes consiguieron "colar" por la puerta de atrás poner un límite en el tiempo a la instrucción judicial, y así decayó la causa contra Tsunami Democràtic. Cuando el Parlamento catalán se pasó toda una legislatura (la última) permitiendo votar por delegación en el pleno y hasta comparecer telemáticamente en comisión a algunos fugados por el procés, como si fueran diputados ausentes por enfermedad o por baja maternal. Se sumaba su voto de viva voz, no se computaba electrónicamente (los letrados de la Cámara no lo habrían permitido), y a correr. Las más de las veces no tenía impacto real en el resultado de las votaciones pero, para que se hagan una idea, los presupuestos de Pere Aragonès decayeron —lo cual comportó el adelanto electoral en Cataluña— por esto, por un voto así. Cuando las autoridades judiciales al fin intervinieron, fue para condenar la anomalía, pero no para revertir sus efectos. Claro, habrían tenido que invalidar las votaciones de toda una legislatura.
Nada de esto podría "colar" tan fácilmente, por cierto, si la cobertura informativa de lo que de verdad sucede en los Parlamentos fuera mucho más completa, exigente y minuciosa. Mientras a los plenos, sesiones de control, debates en comisión, etc, unos vayan a hacer el paripé y otros, los que deberían informar, ni se molesten en poner seriamente el ojo, poco sabremos de lo que de verdad se cuece ahí, y de sus consecuencias. Poco nos pasa, visto cómo va todo.
