Escribe Julio Camba en Haciendo de República "que la Guardia Civil era, técnicamente, de lo mejor que había en España. La República la tomó con la Guardia Civil, y primero intentó sustituirla por el Cuerpo de Guardias de Asalto. Luego, al ver que no podía sustituirla, quiso modificar su reglamento. Después se conformaba ya con modificarle el uniforme…".
A las pocas semanas de ser designado ministro del Interior, todavía con el olor a alcanfor de la toga, el juez Marlaska comenzó a hacerle puñetas a la Benemérita. En una de sus primera decisiones destituyó al coronel Juan Hernández Mosquera como responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Desde su creación y durante más de tres décadas, el Gabinete, una pieza esencial en el funcionamiento del Ministerio, estuvo dirigido por un jefe de la Guardia Civil. El predecesor de Hernández Mosquera fue el también coronel Diego Pérez de los Cobos. Deseoso de agradar, el ministro obedeció las indicaciones del PSOE y nombró para el puesto —a primeros de julio de 2018— a un comisario apodado Lenin y de nombre José Antonio Rodríguez. Un funcionario policial que había sido de la máxima confianza de Rubalcaba.
Casualidades de la vida —o no—, a los 17 días del nombramiento del comisario bolchevique, el coronel Manuel Sánchez Corbí —jefe de la Unidad Central Operativa (UCO)— informa por escrito a sus superiores de la jefatura de Policía Judicial que "se acaba de agotar la caja de fondos reservados" y que esta situación "motiva que no se puede hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo". Lenin es el responsable de la gestión de los fondos reservados de Interior y algunos ven un intento de entorpecer el trabajo de la UCO. Ipso facto, el ministro Marlaska justifica en esa comunicación la "pérdida de confianza" y cesa al coronel Sánchez Corbi. Repetiría con Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid. ¿El motivo? Obedecer las órdenes de la juez y no informar a los mandos políticos de las investigaciones por las manifestaciones del 8 de marzo en Madrid, en plena pandemia del COVID-19.
Tras conocer la destitución de Pérez de los Cobos —mayo de 2020—, Joan Mesquida, que fue director de la Guardia Civil y la Policía con Zapatero, resumía lo sucedido: "El Gobierno quiere poner los poderes del Estado a su servicio: Fiscalía, Congreso y ahora Guardia Civil". El coronel también era consciente de ello: "Nos estamos jugando algo más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de derecho en España".
Pero la Benemérita es mucho toro. En las negociaciones del Gobierno socialista con ETA y según las actas de las reuniones que se le intervinieron a Francisco Javier López Peña (alias Thierry), este anotaba que los enviados del Gobierno reconocían las enormes dificultades para hacer cumplir la orden de no detener etarras porque: "la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada". Vano intento el de Sánchez y Marlaska por torcerles el brazo. Lo saben y es su temor, porque esa obediencia a Ahumada es a la Ley.
Recientemente se han conocido tres informes elaborados por la UCO. El primero (Atestado 95/2024) se refiere al supuesto tráfico de influencias entre Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés. El segundo (Informe 207/2024) tiene al comandante Rubén Villalba como protagonista. El último, (Informe 211/2024), "dando cuenta sobre avances en el estado de la investigación" y registrado el 8 de octubre en el Juzgado 2 de la Audiencia Nacional, ha resultado ser "la madre de todos los informes".
Desde el Advenimiento de Su Sanchidad las presuntas corruptelas parecen tener en La Moncloa su epicentro y las pesquisas de la Benemérita solo son respetadas por los socialistas cuando les exculpan. Como les metan en un brete ponen a los guardias como chupa de dómine. Con el agravante de saña. Recuerden ustedes cuando lapidaron a Pérez de los Cobos: "Errores, bulos y mentiras en el informe de la Guardia Civil sobre la marcha del 8-M. Un atestado repleto de errores estrepitosos, bulos sobradamente desmentidos, amputaciones de documentos públicos". Lo publicaba la prensa del régimen en mayo de 2020. Todo lo contrario sucede con la mujer del presidente. "La UCO exculpa a Begoña Gómez". La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, remacha: "Cada argumento de esa denuncia, cada falsedad de esa denuncia ha sido desmontada por dos informes ya (sic la portavoza habla así) de la Guardia Civil". Y en esas estábamos cuando llegó la "madre de todos los informes". Ábalos a un paso del suplicatorio y del suplicio. El PSOE le ha condenado a galeras.
En La Moncloa y en Ferraz tragan saliva. Saben que lo peor está por llegar. Por eso no dicen ni mu. No es el momento de descalificar a los investigadores de la UCO. Sin embargo, han encontrado en los yonquis del clic a unos inesperados aliados. Ellos se encargan de desprestigiar a la Institución. Titulares como: "La trama de Koldo usó como mulas a guardias civiles de antiterrorismo para blanquear dinero", que la propia información desmiente. Otro: "La red Koldo se infiltró en la Guardia Civil para su corrupción". Mucha tela para un comandante, presunto corrupto. Pero la conclusión es una: todos están en el ajo. Ahora póngase usted a expurgar el grano de la paja.
Como esta porquería periodística —manceba durante años de Villarejo— dura lo que un telediario, lo mejor es leer la carta que el cabo 2º Ignacio Sampelayo envió —el 26 de junio de 1852— a la redacción de la revista El Guía del Guardia Civil: "Hoy visto un uniforme que me da honor y consideración;… soy súbdito de una Reina que vela por todos; estoy a las órdenes de un General que nunca elogiaremos bastante; mis Jefes me enseñan la senda del honor; no estoy solo, aislado y a merced de los contratiempos; por el contrario, pertenezco a una gran familia, cual es la Guardia Civil y nada tengo que temer". A quien corresponda, que tome nota.