Aunque lo más conocido del Plan Hidrológico Nacional redactado por el Gobierno de Aznar en 2000 era el trasvase del Ebro, la gran infraestructura que hubiera acabado con la sequía endémica de las cuencas deficitarias del sureste español, lo cierto es que el vasto programa de inversiones diseñado por el gobierno popular incluía numerosas actuaciones para poner fin a los problemas hídricos de diversas zonas de España, incluidos los derivados de las inundaciones cuando se producen fuertes lluvias de manera localizada.
En su virtud, el Gobierno de Zapatero anunció en julio de 2004 la construcción de una gran presa para controlar la circulación de agua por las ramblas más peligrosas de la zona de Valencia, de tal forma que los municipios hoy devastados por la DANA "ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas". Como explicó en su día el ministerio, "La comarca de l’Horta sud ha sido históricamente una de las más castigadas por las grandes inundaciones en temporadas de gota fría. Poblaciones enteras han visto año tras año como el agua del barranco del Poyo se ha desbordado llegando a anegar bajos, viviendas y causar serios desperfectos en vehículos e inmuebles". Las obras, diseñadas por el anterior Gobierno y anunciadas por el que surgió del 11-M, venían a paliar ese grave problema, pero las necesidades políticas del PSOE y las exigencias de los partidos separatistas catalanes dieron al traste con el proyecto. Más tarde, el ecologismo alocado de la izquierda y la matraca del calentamiento global pusieron la losa definitiva a una actuación cuya necesidad, por desgracia, se ha puesto todavía más de relieve estos días. La encargada de poner en 2011 el último clavo en el ataúd político de la proyectada presa de Cheste fue la entonces Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, discreta funcionaria en aquellas fechas y hoy vicepresidenta tercera del Gobierno de España en virtud de los méritos acreditados durante su trayectoria política.
¿Habría habido muertos de estar construida esa presa? Sin duda, porque un fenómeno de la violencia de la reciente gota fría que ha caído en Valencia es imposible de controlar por el ser humano, pero seguramente se habrían limitado los terribles efectos en todos esos pueblos que, en 2004, iban a dejar de "mirar al cielo con temor cuando lleguen las tormentas".
El ecologismo descerebrado que inspira la labor legislativa de la izquierda actual ha llevado a bloquear las obras públicas que servirían para controlar los efectos destructores de la Naturaleza y a destruir buena parte de las que se habían levantado, como las más de 200 presas demolidas para que los ríos fluyan con entera libertad, como exige la famosa Agenda 2030. La locura de esta gente llevó a la izquierda procatalanista valenciana a proponer la recuperación del cauce original del Río Turia a su paso por la capital, gracias a un acuerdo suscrito en 2019 con PSOE y Podemos en el consistorio valenciano que, afortunadamente, no se llevó a cabo, porque en tal caso los muertos ya se estarían contando por millares. La idea de la izquierda municipal valenciana era devolver el río a su estado de naturaleza con "criterios de sostenibilidad" porque, total, las inundaciones de cierta entidad solo se producen cada 200 años.
Y como broche, lo más importante: con esa obra faraónica y potencialmente criminal se destruía otro megaproyecto franquista como el Plan Sur, que en 1957 desvió el río de su cauce natural para evitar que las futuras inundaciones arrasaran la tercera ciudad de España sin criterios de sostenibilidad o de perspectiva de género.
Los parlamentarios europeos que tienen que examinar la idoneidad de Teresa Ribera para el puesto de Comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva tienen ahí materia más que suficiente para indagar.