El Centro de Integración de Datos constituido para la DANA de Valencia está dando información valiosa. Sería bueno que no pasara del todo desapercibida en medio de la gresca política que provocan, sin excepción, las catástrofes, aunque lo realista sea esperar lo contrario. Como al Centro se le cita, pero se dice poco quién lo constituye y cómo se regula, vayan dos datos sobre el organismo proporcionados por el Poder Judicial: se regula por Real Decreto de 2009 y lo forman la Oficina Forense y la Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el Centro se reúnen y supervisan los informes de identificación de víctimas y de ahí proceden los datos que podemos dar por exactos y confirmados respecto a ellas. Además, ofrece datos sobre la edad de las víctimas y sobre el lugar donde fueron encontradas.
Los datos de ubicación de las víctimas dibujan la anatomía real de la tragedia y también ejercen de contrapeso a opiniones airadas. Pongamos el caso de los que culpan a las empresas "por haber obligado a trabajar" aquel día a sus empleados con las alertas meteorológicas que ya existían. Lo esencial aquí eran las alertas hidrológicas, que llegaron más tarde, pero ése es otro tema. La idea que trasluce esa condena al mundo empresarial es que la gente hubiera estado más a salvo en su casa que volviendo del trabajo en sus coches. De entrada, parece lógico, incluso de sentido común, pero con los datos del CID hay que decir que no todas las casas eran un lugar seguro frente a la riada. Según su registro provisional, la mayoría de las víctimas se dieron en viviendas y en garajes o sótanos. Cierta y lamentablemente, hubo víctimas en las calles (26), en el campo (25) y en coches o carreteras (16), pero las verdaderas trampas mortales en esta riada fueron las viviendas (68) y los garajes de los inmuebles (35). En los grandes aparcamientos, como los de centros comerciales, pese a lo mucho que se especuló y se temió, las víctimas mortales fueron seis. Su tamaño los hizo más seguros: el agua no sube tan rápidamente al ser la superficie más extensa.
Con esa estadística delante, hay otro elemento de la tragedia que es preciso abordar de manera distinta a cómo se está haciendo. Es la alerta en los móviles, de la que se ha discutido mucho y a la que se ha maldecido más, porque llegó cuando había gente que ya tenía al agua al cuello. A la luz de los datos del CID, la discusión hay que desplazarla a otro aspecto, tanto o más decisivo. Según lo publicado, el aviso enviado instaba a "evitar cualquier desplazamiento", nada más. Aunque llegara a tiempo, un aviso así no sirve para que las personas que están en una vivienda en planta baja —abundante en la zona— sean conscientes del peligro al que se enfrentan. Habrá que repensar cómo se redactan los avisos. No todo consiste en enviarlos a tiempo. Los que tratan de aprender algo de esta catástrofe, que los hay, tomarán nota del problema. Es verdad que el ojo público está ahora más pendiente de otras cosas. Como la reyerta política, inevitable. Como la busca y captura de culpables, algo que produce satisfacción, sobre todo si son políticos. Aunque hay desastres, como el terremoto de L’Aquila en Italia en 2009, donde los chivos expiatorios fueron los más prestigiosos sismólogos del país, condenados a años de cárcel en primera instancia por subestimar los riesgos —¿qué científico iba a volver a trabajar para el Estado después de esa condena?— y absueltos, en apelación, después. Pero ni la reyerta ni la guillotina permiten aprender lo necesario para evitar que vuelva a pasar algo parecido y para que las víctimas, en fin, no lo hayan sido en vano.
