La repetición de las consignas del Gobierno en la "televisión de todos" (de todos ellos) puede tener consecuencias legales indeseadas para los periodistas que no saben reprimir su entusiasmo sanchista. Uno de los mensajes-fuerza que más éxito está teniendo es el de que Alberto González, pareja de la presidenta de Madrid, es un "defraudador confeso". Es decir, que de su condición de delincuente no cabe dudar puesto que él mismo lo habría reconocido públicamente. El problema es que, como cada vez que el sanchismo emite una fatwua contra un infiel derechista, lo que dicen es mentira.
El Gobierno ha dedicado semanas a esparcir la consigna de que el novio de Ayuso ha confesado ser un delincuente; de hecho, aún sigue con la matraca. Lo ha dicho Sánchez, lo han repetido Bolaños y todo el Consejo de Ministros y, como era de esperar, la jarca mediática sanchista, que ha convertido el famoso sintagma en la piedra angular de su edificio retórico, a partir del cual realizar sus análisis sobre la corrupción política… del Partido Popular. Pero mientras a Sánchez y sus ministros les protege en cierta manera su inmunidad parlamentaria, los que repiten la consigna del defraudador confeso en radio y televisión van a tener que desfilar por el banquillo y, eventualmente, rascarse el bolsillo, si resulta que el tal González Amador no ha reconocido haber cometido el delito que todos ellos le imputan.
El caso más espectacular es el de Xabier Fortes, por buen apodo "El Lechero", que actúa de zaguero en el equipo de opinión política cerrando la jornada opinativa en su programa del canal informativo de TVE. El abogado de Alberto González le amenaza con una querella por injurias y calumnias pero Fortes no solo no modera su fervorín sanchista, sino que emite un comunicado al estilo de las grandes folcklóricas reafirmándose en las acusaciones que van a llevarlo al juzgado en compañía de algunos tertulianos ilustres de su programa.
Nada pasaría si fuera verdad lo que afirman, pero el problema es que mienten y, lo que es peor, sin saber que se están labrando un leñazo judicial que habrá que celebrar llegado el día. Porque, como han explicado ilustres juristas, las negociaciones del abogado y el fiscal del caso (que nunca debieron haberse hecho públicas, pero ese es otro castañazo judicial que se va a comer el inútil del Fiscal General del Estado) no implican el reconocimiento de ningún delito, como aseguran los braceros sanchistas del cotarro mediático. Por tanto, llamar a una persona privada "autor confeso de un delito fiscal" sin serlo es una calumnia susceptible de castigo pecuniario, aunque Fortes siga sacando pechito con una chulería que más pronto que tarde le tocará lamentar.
El lechero no es el único; es solo el más voluntarioso. Con él están la Intxaurrondo (qué boda sin la tía Silvia) y un amplio elenco de opinadores de mucho progreso que actúan en este asunto con el entusiasmo borrico que caracteriza al sanchismo. Si se refirieran también a Begoña como "presunta delincuente" no faltarían a la verdad y demostrarían que lo suyo es celo profesional, al margen de la política. Como no lo hacen, tendrán que acreditar ante juez un imposible: que la contraparte ha dicho algo que nunca ha dicho o hecho.
Todo parece indicar que el novio de Ayuso los va a crujir. A todos. Solo esperamos que la Justicia obligue al lechero a leer la posible sentencia condenatoria en su programa nocturno. Ese día tendrá, por primera vez desde que llegó a TVE, una audiencia medio regular.
