Si sólo fuese por Venezuela, si olvidásemos todo lo demás –la corrupción galopante, la ocupación de las instituciones, el abandono de cualquier principio democrático, las mentiras…– sólo por su relación con Maduro y el resto de delincuentes en el poder en el país caribeño el Gobierno de Pedro Sánchez ya sería una vergüenza y una desgracia.
Algún día se sabrá, sin ninguna duda, hasta qué punto España y buena parte de sus políticas se han vendido a un grupo de narcotraficantes y torturadores, sin ningún pudor y con escaso disimulo, lucrándose con el dinero amasado con la sangre y el hambre de un pueblo al que España tenía la obligación moral de ayudar a recuperar la libertad.
Algún día se sabrá cómo ciertos personajes, entre ellos sin duda José Luis Rodríguez Zapatero y otros que están ya sumidos en procesos judiciales, han participado del reparto del botín robado a los venezolanos y han extendido en España la mancha de los narcodólares bolivarianos.
Mientras tanto, este jueves se ha vuelto a ver en el Congreso cómo el PSOE y buena parte de sus socios se alineaban en la defensa del régimen criminal de Nicolás Maduro, que tras su robo electoral del pasado verano está completamente desacreditado en todo el mundo y al que España no ha pedido respetar ni los derechos humanos ni el resultado electoral que todos, ellos también, sabemos que fue una gran victoria de la oposición.
La votación, aunque fuese solo una Proposición No de Ley y tenga una escasa o nula repercusión práctica, sí tiene una notable transcendencia política y, sobre todo, simbólica: es un mensaje muy claro al pueblo y a los dictadores venezolanos y deja claro cómo la situación excepcional en la que el régimen bolivariano ha realquilado parte de la política exterior española es temporal y terminará cuando caiga el Gobierno corrupto que se ha prestado a tal cambalache y que, tal y como demuestra con frecuencia, ya es todo un rehén de la narcodictadura bolivariana.
Además, deja en evidencia la insensibilidad inhumana de toda la bancada de ultraizquierda –entre la que incluimos al PSOE, por supuesto–, que se ha negado a pedir esa condena a las violaciones de los derechos humanos en presencia de alguna de las propias víctimas que las han sufrido, en el Congreso invitadas por el PP.
Por último, aunque en este caso no sea lo principal, lo ocurrido este jueves en el Congreso también muestra la debilidad de parlamentaria de un Ejecutivo que se sostiene cada vez de una forma más endeble, que no es capaz de reunir una mayoría estable a su alrededor y que tiene cada vez más difícil defender sus miserables políticas, ya sean para España o para Venezuela.