La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en su declaración ante el Supremo, ha dibujado un panorama inquietante. Está imputada, junto al Fiscal General del Estado, por la filtración de las comunicaciones entre el abogado del empresario González Amador y el fiscal de delitos económicos. Pero este asunto, con todo lo que puede suponer si se prueba que es revelación de secretos y todo lo que ya supone como operación político-tributaria contra la pareja del empresario, que es la presidenta de Madrid, queda un tanto empequeñecido al lado del desbarajuste al que nos ha abierto los ojos la declaración de Rodríguez. De ojos, precisamente, se trata. Porque según la fiscal provincial, expedientes y comunicaciones que ingenuamente creemos protegidos de la curiosidad ajena, resulta que son vistos por cientos de personas, algunas de las cuales sólo pasan casualmente por allí.
Cientos de pares de ojos tuvieron acceso al expediente tributario de González Amador y decenas de pares de ojos lo tuvieron a los mails que cruzaron el abogado de González y el fiscal, de acuerdo a la declaración de Rodríguez. Aunque a la hora de calcular los pares de ojos, la imputada no se ha contentado con estimaciones ni aproximaciones. No, señor. Asombrosamente, la fiscal sabe con envidiable exactitud cuántos ojos pudieron posarse sobre esos documentos. Al expediente tuvieron acceso, dijo, 571 personas, y eso sólo en el entorno de la fiscalía. En el decanato de los juzgados de Madrid y en la Agencia Tributaria también circuló ampliamente, pero no dio números. El acceso a los correos del abogado con el fiscal lo tuvieron, dijo, 60 personas de la Fiscalía. Esto, sin contar con los transeúntes. Rodríguez hizo notar que también la señora de la limpieza y el personal de transportes pudieron verlos. Vamos, que los documentos del caso tuvieron una audiencia potencial mayor que la de algunos programas de la tele.
Sería de interés saber cómo llega la fiscal a estos precisos números, labor calculadora a la que ha debido dedicar algún tiempo mientras preparaba su declaración. Pero lo que ya sabemos, a partir de su descripción, es que expedientes tributarios y comunicaciones entre fiscalía y abogados no tienen ningún carácter confidencial, como pensábamos infundadamente. Al revés. Son visibles para tanta gente que bien pueden colgarlos en las páginas web y los tablones de anuncios de la Fiscalía y la Agencia Tributaria o distribuirlos como folletos a la entrada del Metro. Las dependencias de estos departamentos, y a saber si de otros, vienen a ser como las casas de Gran Hermano, donde no hay secretos ni los puede haber, porque el ojo de las cámaras está en todas partes a todas horas. Esto, claro, siempre que la fiscal esté contando la verdad y no montándose una película orwelliana para difuminar la responsabilidad de una filtración concreta.
La fiscal Rodríguez quizá pretende que creamos que la filtración la pudo hacer el transportista que llevó aquel día unas sillas y vio un correo en una pantalla o la empleada que limpia la oficina y curiosea un poco en los ordenadores. Pero esta pretensión es tan increíble que hace que a quien no se la pueda creer es a ella. Se está investigando una filtración, pero se debería investigar si la Administración trata los documentos y los datos supuestamente reservados con negligencia y descuido execrables. De un lado, la exigencia muchas veces fastidiosa de la protección de datos y del otro, si hemos de creer a la fiscal, dependencias de la Administración donde los datos confidenciales están más vistos que las páginas del Marca.
